Dimite el número uno del PP en Formentera para facilitar la moción de censura contra Llorenç Córdoba

Ahora está por ver si la oposición cumple con su compromiso de respaldar una moción de censura de Sa Unió para desbancar al presidente Córdoba, y un posterior gobierno en minoría, de la citada coalición electoral.

En un comunicado la coalición Sa Unió de Formentera ha mostrado su «total y absoluto apoyo» a José Manuel Alcaraz, asegurando que cumple con la palabra dada y ha tomado esta decisión personal para aportar soluciones a la situación de ingobernabilidad en el Consell «por culpa» de Córdoba.

También han señalado que ninguna renuncia anterior de otro conseller de Sa Unió hubiera resuelto el problema y ahora Alcaraz ha considerado que era el momento de dar este paso «que supone un gran esfuerzo y sacrificio».

Según la coalición, Alcaraz «es un gran político y persona, que no sólo realizó un trabajo excepcional en las áreas que gestionó, sino que ha sacrificado muchas cosas por el servicio a la Isla y a sus vecinos». A pesar de su dimisión, Sa Unió ha confiado en seguir contando con él por su «gran experiencia y conocimiento» de la administración.

Hay que recordar que el informe de la Comisión de Ética y Buen Gobierno del Consell de Formentera concluía que desde el inicio de la crisis institucional que desembocó en la salida el pasado mes de junio de los ocho consellers de Sa Unió del gobierno de la isla, donde desde entonces el presidente Córdoba gobierna en solitario, se han producido «vulneraciones de los principios y los valores» que proclama el código ético, que inciden en la «integridad, la imparcialidad, el desinterés subjetivo, el respeto, la responsabilidad, la lealtad institucional, la transparencia y la sostenibilidad».

Según esta valoración, el Consell se ha configurado en la práctica como «una institución unipersonal» en contra de los «principios del pluralismo político, la participación ciudadana y responsabilidad colectiva» que imponen la Constitución, la normativa europea y las leyes reguladoras de los organismos locales, nacionales y autonómicos.

Estos perjuicios, añade, se traducen «en graves consecuencia prácticas» para la ciudadanía con la «paralización absoluta» de las licencias de obra mayor en suelo rústico, de las licencias afectadas por patrimonio histórico en suelo urbano, la imposibilidad de imponer de sanciones muy graves, la paralización de asignación de amarres en S’Estany des Peix o la imposibilidad penalizar incumplimientos de contratos con el propio Consell.