Desmantelado un vertedero ilegal en una finca rústica de Son Reus en Palma con escombros, coches y barcos
La acumulación de desechos abarcaba 800 metros cuadrados y hasta tres de altura
La unidad de drones de la Policía Local obtuvo evidencias gráficas determinantes
La Guardia Civil y la Policía Local de Palma han desmantelado un importante punto de vertido y gestión ilegal de residuos en la zona de Son Reus.
La operación es el resultado de una investigación conjunta iniciada a principios de año liderada por el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) de la Policía Local conjuntamente con el SEPRONA de la Guardia Civil y se centró en una finca rústica.
Las pesquisas previas permitieron identificar la parcela como un foco de actividad ilegal continuada.
El operativo de entrada e inspección se llevó a cabo de forma coordinada el 30 de julio, con la participación de agentes del SEPRONA, diversas secciones de la Policía Local (UDROP, UII, UVMA-PV, GISD) y personal de Inspección Medioambiental de la empresa municipal Emaya.
Durante la inspección, se constató la existencia de un vertedero ilegal de grandes dimensiones, con más de 1.000 metros cúbicos de escombros, restos de fibrocemento (uralita), arena de sílice, vehículos, embarcaciones y tres ponis sin identificar. La unidad de drones (UDROP) de la Policía Local obtuvo evidencias gráficas determinantes para el caso.
Como resultado de las diligencias, se ha identificado a los presuntos responsables, que se enfrentan a denuncias por infracción de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares.
El vertido de residuos de obra en la vía pública tiene una sanción económica que puede llegar hasta los 100.000 euros según la gravedad de los vertidos y hasta 3.500.000 euros a los muy graves, si se trata de residuos peligrosos o contaminados de gran volumen.
Esta actuación conjunta, apuntan en un comunicado, pone de manifiesto el compromiso firme de la Guardia Civil y la Policía Local de Palma en la protección del medio ambiente y la lucha contra las actividades ilegales que suponen un grave riesgo para el entorno natural y la salud pública. Ambas instituciones, concluyen, continuarán colaborando estrechamente para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental en el municipio.
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