Cuatro personas estafan 370.000 euros al asegurar que podían anular multas del Consell por obras ilegales

Cuatro personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional en Palma por estafar más de 370.000 euros al asegurar a sus víctimas que podían anular multas impuestas por la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) por infracciones urbanísticas. Los autores de esta trama indicaban que podían anular expedientes sancionadores por obras ilegales. Se les acusa de un delito de estafa y de pertenencia a grupo criminal.

Estos estafadores decían tener contactos con la ADT, cosa que les permitía anular multas económicas impuestas por infracciones urbanísticas en fincas de Mallorca. Este ‘modus operandi’ permitió a los ahora detenidos estafar hasta más de 370.000 euros, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

La investigación de esta trama delictiva se inició tras una denuncia que interpuso una de las víctimas de la estafa. La denunciante se puso en contacto con uno de los autores de la trama a través de unos conocidos y le explicó que tenía una multa por infracción urbanística.

Este estafador, que en su caso ejercía de captador y recaudador, entregaba el dinero conseguido a otro de los detenidos, que supuestamente gestionaba el asunto con el contacto que decía tener en la Agencia de Defensa del Territorio (ADT).

Por otro lado, otro de los individuos que están detrás de la trama se encargaba de realizar algunas gestiones de trámite ante la administración con el objetivo de hacer creer a las víctimas que estaban intentando anular la sanción. Sin embargo, se pudo comprobar que dichas gestiones eran un mero gesto de cara a la galería que un intento real de anular multas. Las sanciones de la ADT eran firmes y no se podían recurrir.

Por último, el cuarto detenido usaba una cuenta bancaria a nombre de una empresa mercantil suya para obtener el dinero de una de las víctimas de la estafa.

Así, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos llegó a la conclusión de que los estafadores se aprovecharon de la situación límite tanto económica como mental de las víctimas con el fin de que realizaran los pagos solicitados.

Cabe destacar que algunas de las sanciones impuestas por la ADT a las víctimas llegaban a los 500.000 euros. además de la orden de derribo de las obras realizadas.

Ye en la tramitación de los expedientes, las víctimas se desentendieron del asunto ya que los presuntos autores les aseguraban que no se preocupasen que iban a poder anular las sanciones. Así, se han visto perjudicadas por intereses de demora, así como, en algunos casos, a embargos por no haber hecho frente a los pagos de las sanciones