La banquera avariciosa de Mallorca: saqueó más de 300.000 euros de las cuentas de sus clientes a base de cientos de reintegros

A veces, la línea que separa la custodia de la codicia es muy delgada, o al menos eso creía una trabajadora bancaria de Mallorca, que esta semana se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Baleares al estar acusada de aprovechar sistemáticamente su puesto de trabajo para desvalijar las cuentas corrientes de los propios clientes que confiaban en su gestión.

Los hechos que se juzgan se remontan a un extenso periodo de cuatro años, comprendido entre enero de 2010 y abril de 2014. Según el escrito de la acusación, la procesada desempeñaba sus funciones en una sucursal de la isla y tenía bajo su responsabilidad y custodia los fondos de diversos usuarios de la entidad. Una posición de absoluta confianza que, presuntamente, utilizó en su propio beneficio para apoderarse de importantes sumas de dinero depositadas en el banco.

Para llevar a cabo el desvío de capitales sin levantar sospechas, la empleada diseñó una estrategia basada en el sigilo y la oportunidad. Por un lado, realizaba disposiciones de efectivo directas desde las cuentas de las víctimas, siempre sin el conocimiento ni el consentimiento de estas. Por otro, efectuaba traspasos directos de dinero desde los fondos de los clientes hacia su cuenta corriente personal.

Para ejecutar estos movimientos ilícitos y no ser descubierta, la mujer no solo operaba desde su propio terminal, sino que también aprovechaba la ausencia de sus compañeros de oficina para utilizar sus ordenadores de trabajo. Bajo este cuidadoso método, la acusada logró perpetrar un total de 177 reintegros, acumulando un botín total que asciende a 312.000 euros.

La Fiscalía califica jurídicamente esta sucesión de actos como un delito de apropiación indebida, en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Por todo ello, el Ministerio Público solicita para la procesada una pena de cinco años de prisión. Asimismo, se le exige el pago de una indemnización de 295.000 euros, cantidad destinada a cubrir los fondos que fueron sustraídos y que la entidad bancaria ya tuvo que devolver a los clientes afectados.