El alcalde del PP de Palma eliminará el requisito de catalán en plazas que no sean de atención al público

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 22/10/2023 06:55
  • Actualizado: 22/10/2023 06:55

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, eliminará el requisito de catalán en plazas que no sean de atención al público tras acordar el PP apoyar la iniciativa presentada por Vox al pleno municipal que el Consistorio palmesano celebrará el próximo jueves 26 de octubre.

No será de un día para otro sino «en el plazo mas breve posible», cuando el gobierno municipal hará una valoración de los puestos de trabajo, dentro del Ayuntamiento, empresas públicas y organismos municipales, que requieran el requisito del catalán.

Todo ello para poder identificar todos aquellos casos en que se considere que es factible eliminar el requisito del catalán, medida que también será aplicable para convocatorias de promoción interna, concurso de traslados o cambio de destino. En aquellos casos en que se mantenga el requisito del catalán, el gobierno municipal valorará si el grado de acreditación de su conocimiento se adecua al puesto de trabajo a desempeñar, y en su caso, modificarlo.

En la proposición de Vox, que ha sido aceptada por el PP en el Ayuntamiento de Palma, mientras en el Parlament ambas formaciones mantienen sus discrepancias en materia lingüística, se insta a eliminar el requisito excluyente del catalán en las pruebas de acceso a la función pública local. Su conocimiento será en todo caso mérito, salvo en los puestos de atención directa y presencial a la ciudadanía.

Desde el punto de vista laboral hay muchos puestos de trabajo, en los que según argumenta el portavoz y líder municipal de Vox, el concejal Fulgencio Coll, que no necesitan el requisito del catalán y «como hemos visto, se ha llegado situaciones no deseadas, como ha ocurrido en la sanidad pública, que al exigir el requisito del catalán no se han podido cubrir las plazas dejando desprotegida la población per falta médicos y sanitarios».

También sucedía en estas dos legislaturas pasadas de gobiernos de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos que impuso el catalán como requisito en todo el ámbito del empleo público, cuando les interesaba «cargos directivos o de libre designación no han necesitado el requisito de catalán, lo que indica que se ha aplicado la norma de forma arbitraria»

Otro caso llamativo, es que en la actualidad en el Ayuntamiento de Palma hay un gran numero de policías que ante un concurso de traslado no pueden cambiar de destino cuando hay plazas, porque no cumplen el requisito de catalán que cuando accedieron a la función pública nadie se lo pidió.

Esto les condena a permanecer en el mismo destino hasta su jubilación. Por ejemplo en unidades policiales como la Ull, hay agentes de más de 50 años que desean cambiar de unidad por razón de edad o promoción y no pueden hacerlo.

También se ha visto como empleados de empresas públicas o del mismo ayuntamiento eran apartados de sus cargos por razón del requisito del catalán perjudicando notablemente la eficiencia administrativa.

El acuerdo programático entre el PP y Vox para favorecer el buen gobierno en el Ayuntamiento de Palma recoge el compromiso de garantizar el derecho de los ciudadanos a que tengan la información, atención y respuesta en la misma lengua en la que se dirijan a la administración, modificando si fuera necesario el Reglamento de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Palma.

Vox recuerda que, según sentencia del Tribunal Constitucional, la configuración de la lengua como requisito excluyente solo encontrará justificación en su adecuación al principio de necesidad: que tendrá lugar cuando se trate de funciones públicas que tengan «una incidencia directa en la garantía del derecho a la utilización en las relaciones jurídica-administrativas de la lengua cooficial, es decir, aquellas en las que sean necesario el conocimiento de ambas lenguas”. Por ejemplo, el caso de funcionarios con funciones de atención presencial y directa al ciudadano (ventanilla). Sólo, por tanto, en estos casos.