210 diputados: la cifra que puede cambiar España

La política tiene una peculiar relación con las matemáticas. Hay números que sirven para contar votos, otros para repartir escaños y algunos, bastante menos conocidos, para determinar hasta dónde puede llegar el poder. En España, 176 diputados permiten alcanzar la mayoría absoluta del Congreso. Pero hay otra cifra que merece mayor atención: 210. No garantiza un gobierno ni asegura una legislatura tranquila. Representa algo de mayor trascendencia: la posibilidad de impulsar determinadas reformas constitucionales.

La Constitución de 1978 fue concebida sobre una premisa que hoy parece olvidarse con demasiada frecuencia: las reglas fundamentales del Estado no deberían quedar a merced de una mayoría circunstancial. Gobernar es una cosa; alterar el marco en el que se gobierna, otra bien distinta. De ahí que determinadas reformas exijan el respaldo de tres quintos de ambas cámaras, aunque existan procedimientos alternativos cuando no se alcanza ese acuerdo.

La ley electoral constituye un buen ejemplo. Modificar la fórmula de reparto de escaños puede hacerse mediante ley orgánica. Sin embargo, sustituir las circunscripciones provinciales por una circunscripción nacional única exigiría reformar la Constitución. No bastaría con disponer de una mayoría absoluta. Y es aquí donde Mallorca adquiere una dimensión que trasciende nuestras costas.

Baleares elige ocho diputados al Congreso. Ocho entre 350. Una representación aparentemente modesta, pero cuya importancia depende menos de su volumen que de la composición final de la Cámara. En 2019, Vox consiguió dos diputados por nuestra circunscripción. En 2023 obtuvo uno. La diferencia demuestra hasta qué punto pequeñas variaciones electorales pueden tener consecuencias parlamentarias considerables.

La posibilidad de recuperar esos dos escaños vuelve a plantear una cuestión interesante. En un Parlamento fragmentado, ningún diputado es irrelevante por definición. Un escaño obtenido en Mallorca puede formar parte de una mayoría nacional del mismo modo que uno conseguido en Madrid, Sevilla o Valladolid. La geografía determina dónde se elige; la aritmética parlamentaria, cuánto puede llegar a pesar.

Pero sería un error reducir el debate a una simple suma de escaños. La verdadera cuestión reside en qué se pretende hacer con ellos. Una mayoría parlamentaria puede aprobar leyes, sostener gobiernos o impulsar reformas. No todas esas facultades tienen idéntico alcance. La estabilidad institucional exige distinguir entre la voluntad legítima de una mayoría y las garantías que protegen las reglas comunes.

El debate público confunde con demasiada frecuencia la victoria electoral con una autoridad prácticamente ilimitada. Sin embargo, una Constitución no es un programa de gobierno susceptible de modificarse al compás de cada legislatura. Es, precisamente, el instrumento que establece los límites de quienes gobiernan.

Desde Mallorca, donde las decisiones adoptadas en Madrid pueden parecer lejanas, conviene recordar que la representación nacional también se construye con nuestros votos. Los diputados elegidos en Baleares no constituyen una nota a pie de página de la política española. Forman parte de la misma soberanía representada en el Congreso.

La democracia parlamentaria encierra una paradoja saludable: permite conquistar el poder mediante las urnas, pero exige consensos más amplios para modificar determinadas reglas de su ejercicio.

Porque 176 diputados pueden bastar para gobernar. Pero 210, acompañados del respaldo constitucionalmente exigido en el Senado, representan algo distinto: la necesidad de acordar antes de transformar.

Y quizá esa sea la lección que convendría no olvidar.

• David Gil de Paz es portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca.