Unos abogados amenazan al socialista Espadas por su «tardanza» en tomar decisiones con la Feria

Tras ordenar el Ayuntamiento de Sevilla el desmantelamiento inmediato de las instalaciones levantadas de cara a la Feria de Abril de 2020, suspendida por el estado de alarma implantado para frenar la pandemia de coronavirus Covid-19, así como la devolución de las tasas abonadas por los promotores de las casetas del recinto ferial, el despacho de abogados Salas y Donaire ha señalado la posibilidad de reclamar al Consistorio que resarza a tales promotores los gastos derivados de la «tardanza» en adoptar tales decisiones.

Manuel Sillero, miembro del citado despacho, ha explicado a Europa Press que aunque el Ayuntamiento haya acordado devolver las tasas abonadas por los titulares de las casetas de la Feria, extremo anunciado el pasado 20 de abril, más de un mes después de ordenar la suspensión de la instalación de la Feria para intentar celebrarla en septiembre, algo finalmente descartado, dicha medida «no compensa todos los gastos» afrontados por los promotores de las casetas.

A tal efecto, ha recordado que las asociaciones, clubes, organizaciones, hermandades y particulares promotoras de las citadas casetas han afrontado en todo este periodo «gastos de alquiler de lonas y pañoletas, de montaje, de vigilancia, de suministros, etcétera», unos gastos todos éstos que «no se verán compensados con la devolución de las tasas».

La actuación del Ayuntamiento al ordenar el desmantelamiento de las instalaciones de la Feria de Abril más de un mes después de decidir la suspensión del evento y proponer su celebración en septiembre, según este letrado, «ha provocado que se haya estado incurriendo en gastos hasta hace muy pocos días, debido a la tardanza en la toma de decisiones». Una «mayor diligencia» en la actuación municipal, a su entender, «podría haber ahorrado importantes gastos» a los promotores de las casetas.

Ayuntamiento

Por eso, ha señalado «la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento respecto aquellos gastos incurridos por los socios de las casetas» desde que se ordenase la suspensión del montaje de las instalaciones, pues la propia Constitución Española determina textualmente que «los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

Además, recuerda que la Ley 2015 de Régimen Jurídico del Sector Público estipula sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones que «los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley», según figura expresamente en dicha normativa.

«Con independencia de los factores que han intervenido en la decisión de suspender la Feria, pues la fuerza mayor es algo imprevisible e inevitable y en este caso la epidemia era previsible, o más bien conocida desde diciembre de 2019, el Ayuntamiento ha causado directamente detrimentos económicos en la tardanza» de sus decisiones, ha resumido respecto a la determinación final de ordenar el desmantelamiento de las casetas, recordando que las labores de montaje comenzaron en enero y ya entonces había «noticias sobre la pandemia» por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Reclamaciones

Merced a tales aspectos legislativos, Manuel Sillero considera que los promotores de las casetas «pueden reclamar primero por vía administrativa y, en caso de no atenderse, por vía judicial», en demanda de los citados gastos más allá de que el Ayuntamiento les reingrese la cuantía de las tasas abonadas.

«El hecho de que se haya dispuesto por el Ayuntamiento la devolución de las tasas, ya devengadas, respalda esta valoración de responsabilidad respecto a todos los gastos incurridos y justificados, y no sólo parcialmente, como sucedería en el caso de que se reintegrasen únicamente las tasas», argumenta, explicando que su despacho está «diseñando» ya «una demanda colectiva», gracias a la cual los afectados adheridos a la misma verían «reducidos los costes» individuales del litigio.