Tres ex alcaldes socialistas andaluces, acusados de malversación, prevaricación y hurto

Continúa el desfile socialista por los banquillos de los juzgados andaluces. En esta ocasión, para que el juez dilucide si los exalcaldes socialistas Julio Álvarez González, José de la Rosa Solís y Rafael Moreno tienen responsabilidad penal, el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado para el 25 de febrero a los dueños de dos desguaces para que testifiquen en la causa por presuntos delitos continuados de malversación, apropiación indebida, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa, incoada con relación a la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, según figura en una providencia emitida el pasado 22 de enero y recogida por Europa Press.

Ambos habían sido ya citados para mediados de este mes por dicha instancia judicial, que ha fijado para el 25 de febrero su nueva fecha de comparecencia después de que no fuesen consumadas dichas declaraciones.

La causa parte de una denuncia de la sección de UGT en dicha mancomunidad, contra los expresidentes de la misma y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, así como contra otras siete personas por su papel como gerentes o jefes de departamento de la mencionada entidad, por la «práctica habitual de la Mancomunidad durante al menos éstos diez últimos años de la omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública, vendiendo de manera directa los recursos y efectos públicos (camiones de la entidad) a un desguace que no es en modo alguno el adjudicatario de dicho servicio».

En ese sentido, los denunciantes sospechan que «el dinero público obtenido en la venta de estos recursos haya sido apropiado indebidamente por algún o algunos integrantes de la Administración».

Ladrones

La sección de UGT en la entidad, como promotora de la denuncia, expone en paralelo en un comunicado que «la denuncia no es política, ya que no se denuncia a cargos políticos aunque sí se dice quién estaba en la Presidencia en cada ejercicio», sino que «la acusación va encaminada a una presunta malversación de fondos, prevaricación y hurto de las arcas publicas por parte de personas que ostentan desde ser un simple operario hasta un jefe de área técnica, servicios, hacienda y jurídica, todos trabajadores, ninguno político». Se trata, así, de «trabajadores técnicos de más bajo rango» que habrían actuado como «presuntos ladrones».

Y es que según UGT, «un político difícilmente podía darse cuenta de estas prácticas de los presuntos autores de estos robos». Según UGT, el alcalde socialista de Gines y actual presidente de la Mancomunidad, Romualdo Garrido (PSOE), tras más de un año al frente de la entidad, «está trabajando lo suficiente para el buen funcionamiento de la empresa, a pesar de las dificultades encontradas como es el tema de la chatarra y otras innumerables cuestiones que se están poniendo en orden».

«Desde UGT, junto con el mismo Romualdo Garrido, estamos trabajando por la legalidad, la igualdad y la transparencia y por transformar la empresa en una entidad publica de modelo para el futuro», enfatiza el sindicato, que no obstante pide a Garrido que haga efectivo el compromiso de personar a la Mancomunidad en la investigación judicial como acusación particular.

Investigación

Merced a otra denuncia de UGT, recordémoslo, el Juzgado mixto número cuatro de Sanlúcar ha incoado otras diligencias en torno al caso de un funcionario de la Mancomunidad del Guadalquivir que habría podido «cobrar indebidamente» unos 240.000 euros en los últimos diez años, al haber desempeñado funciones de inspector de servicios pese carecer de «título habilitante» para ello, según un informe del secretario de la entidad.

La denuncia de UGT que da pie a esta causa se dirige igualmente contra los expresidentes de la mancomunidad y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, así como contra Jorge R.C. y Juan Ramón G.S.M. como gerentes, Fernando D.D. como jefe del gabinete jurídico de la entidad; Antonio R.F. como economista y Domingo G.M. como «trabajador beneficiado por los presuntos delitos denunciados».