El socialista Espadas sigue tolerando más irregularidades en los procesos de la Policía Local de Sevilla
Los procesos de la Policía Local de Sevilla están siendo irregulares, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO. Tras varios procesos judiciales, penales y ahora en vía contenciosa, el alcalde Juan Espadas sigue tolerando que se cometan tropelías y sospechosas coincidencias que pasamos a describir por partes.
La primera, la designación de Ignacio Pérez Royo como presidente titular de varios tribunales para las plazas de policía raso, oficiales, subinspectores y suplente en la plaza de Intendente.
La segunda, coincide con la designación del aspirante a las plazas policía raso de Miguel Checa Marfil, a la sazón Subinspector jefe de la policía de Marchena (ahora de baja médica) con su nombramiento en el tribunal de Subinspectores, compartiendo tribunal con, entre otros, Perez Royo quien lo tiene que examinar y evaluar como policía raso.
La tercera. Checa Marfil, quien se examina con su hermano ambos a policías rasos, estuvo destinado en Málaga bajo mando directo de Hiruelo Dominguez, quien ahora se examina en Sevilla como Subinspector y estuvo presente en su toma de posesión en Marchena hace unos meses. Hiruelo, formó parte de tribunal en Marchena para la selección de policías rasos.
La cuarta coincidencia, Nuria Aguilera, jefa de estudios del Ayuntamiento de Málaga, donde Hiruelo recibió su formación en 2017 (circunstancia que de por sí le impediría participar en el tribunal al ser una causa de abstención) forma parte del tribunal que examina, curiosamente, a Hiruelo Dominguez, quien continúa en Málaga destinado y figura como excedente en Sevilla pero quiere participar por turno restringido por progresión interna.
La quinta, Checa Marfil debió formular escrito de abstención en el tribunal de subinspectores al tener interés directo o indirecto habida cuenta de varias circunstancias: resulta que Mario Domínguez Osuna (miembro del tribunal de policías raso que también debe calificarlo) es aspirante a Subinspector donde se invierte la situación (es Checa quien debe puntuarlo) por lo que no resulta descabellado pensar que el interés de Osuna Dominguez porque Checa Marfil y su hermano aprueben de policías rasos es evidente.
Dominguez Osuna, comparte a su vez tribunal con Ignacio Perez Royo en las categorías de policía raso y oficiales de policía, cuando éste debe evaluarle también en el tribunal de Subisnpectores. Domínguez Osuna también comparte tribunal de Oficiales de Policía Local con otra persona que le tiene que examinar: Nuria Aguilera, jefa de estudios del Ayuntamiento de Málaga.
Dominguez Osuna es el responsable del canal de oficial del servicio de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla en Twitter (emergenciasSev) dependiente directamente del Delegado de Gobernación del PSOE Juan Carlos Cabrera y estuvo implicado con Barea Sánchez en el cobro de productividades hace unos años.
Curiosamente, también comparte tribunal de oficiales con Carlos Buezas Martinez, funcionario que a su vez le tiene que puntuar en los exámenes de Subinspector.
A su vez, Barea Sánchez forma parte del tribunal de policías rasos que evalúa a Checa Marfil y comparte tribunal con Ignacio Perez Royo (quienes a su vez, Checa y Royo, deben evaluarlo en el Tribunal de Subinspectores). Dicha información puede contrastarse con lo publicado en los respectivos BOP (POLICIAS 4 NOV 19 y resto BOP 1 AGOSTO 2020).
Evidentemente, todo ello pudiera tener incidencia penal por delitos contra la administración pública. No olvidemos que todos los miembros del Tribunal son necesariamente funcionarios de carrera y de confirmarse las asombrosas y extraordinarias sospechas, el tribunal respectivo puede seguir los pasos del que ya estuviera 8 años procesado por los procedimientos anteriores y que se constataron las irregularidades, habiendo ordenado el tribunal de lo contencioso, retrotraer al momento justo anterior a las filtraciones acreditadas para su repetición (Sentencia que el propio Alcalde Juan Espadas ha recurrido).
Ahora, se da la circunstancia de que la ciudad de Sevilla tiene que pagarle la defensa jurídica a los funcionarios implicados (y que asciende a la cifra nada desdeñable de 350.000€). Con la que está cayendo y se va el dinero por las irregularidades de los Tribunales.
De hecho, la Fiscalía podría investigar la comisión de estas irregularidades fuera de lo racional y perseguir la comisión de delitos por violación y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y otros comportamientos injustos de los funcionarios implicados.
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