Andalucía

Pandemia socialista crónica en Andalucía: 11 cargos del PSOE al banquillo por más subvenciones irregulares

No hay semana que no tengamos nuevos casos de corrupción socialista saltando a la palestra. Este viernes, hemos conocido una trama que implica a nada más y nada menos que once socialistas. Once. Y es que el juez de Instrucción número seis de Sevilla José Ignacio Vilaplana tiene, en calidad de investigados, al alcalde de Gines, el socialista Romualdo Garrido; el exprimer edil Manuel Camino (PSOE); nueve ediles o exconcejales del PSOE; el interventor y la secretaria del Ayuntamiento de Gines; cuatros ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío de la localidad con responsabilidades desde 2007 a 2017 y dos empresarios encargados de las instalaciones de ‘La Pará’.

El motivo de esta nueva investigación son las subvenciones excepcionales y facturas de la entidad con relación a anteriores ediciones de la tradicional ‘Pará’ de la localidad aljarafeña de Gines. En el auto de citación de todos ellos como investigados, el juez instructor detalla los entresijos de esta causa, en la que, desde la creación del citado evento en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera y de las tradiciones promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas «sin regulación» ni «instrumento normativo alguno», mediando tan sólo un expediente de «adjudicación directa» de una concesión demanial en favor de la hermandad del Rocío de dicha localidad para tal evento, así como resoluciones o decretos relativos a la aprobación de «gastos y subvenciones» relacionadas con las actividades, pero siempre «sin amparo normativo alguno».

Sin instrumento jurídico

Así, y merced a la investigación policial previa, el juez José Ignacio Vilaplana insiste en la «total ausencia de instrumento jurídico ajustado a Derecho que habilite el uso de suelo público» para el evento o la participación de «particulares» en su organización y desarrollo, en contra del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas o la regulación estatal en materia de contratación administrativa.

La investigación revela además una posible «defraudación de dinero público» en las diferentes ediciones del evento investigadas, por la «desviación al alza» de su presupuesto con cargo a las arcas municipales, pesando «un gran número de facturas sin firma de funcionario municipal», entre otros aspectos, y un supuesto «fraccionamiento irregular» de las contrataciones para dividir las mismas en cuantías de menos de 18.000 euros y evitar el procedimiento de licitación y concurso público.

Ayudas

En otro apartado, el juez instructor expone que el evento, pese a su carácter «planificable», ha contado con varias subvenciones «excepcionales» de la Diputación de Sevilla, es decir ayudas «directas sin concurrencia ni convocatoria pública», sin que conste respecto a estas ayudas documentación como la delegación de competencias desde la Presidencia de la entidad para la concesión de ayudas directas conforme al reglamento de la institución o una declaración expresa de la Presidencia declarando el carácter excepcional de la subvención, entre otros documentos.

Al entender del juez, la concesión «directa» de tales ayudas es fruto de «la sola voluntad» del presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, señalando un «mecanismo arbitrario de concesión de las ayudas, prescindiendo de los principios y del procedimiento legalmente procedentes».

«Dichas subvenciones habrían sido concedidas en contravención de los procedimientos y de los requisitos legalmente exigibles (según normativa estatal, autonómica, y de la propia Diputación Provincial), sin justificación del carácter excepcional de la correspondiente subvención y con omisión de presupuestos normativos esenciales para su otorgamiento», sostiene el juez instructor.

Además, el juez señala que la Diputación habría abonado de manera «ilícita y arbitraria» dos facturas relacionadas con la Pará de Gines «emitidas contra el Ayuntamiento» de la localidad en 2013 y 2014, sin «instrumento jurídico que regule» el papel de la Diputación a la hora de encargarse del «abono directo» de tales facturas que correspondían al Consistorio.

Villalobos

Fernando Rodríguez Villalobos, de su lado, alega que estas subvenciones fueron concedidas «conforme a ley, contando con los informes técnicos, jurídicos y económicos favorables».

En cualquier caso, el juez instructor ha citado para este viernes como investigados a Rodríguez Villalobos; los exdiputados provinciales Manuel González Lora y Manuel Domínguez: el secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa; el interventor, Eduardo López; y al jefe de Intervención identificado como J.I.C.S.

Para el día 26 de marzo cita además a Manuel Silva por su papel como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación; al dirigente socialista Antonio Pradas como otrora jefe de gabinete de la Presidencia de la institución; a Ángela Ramos como jefa del Servicio del Área de Presidencia y José Luis Rodríguez como vicesecretrario general de la entidad,