Melilla lleva a un hotel por las lluvias a los inmigrantes ilegales que acampaban fuera del CETI
El Gobierno de Imbroda, sin competencia en materia migratoria, adopta la decisión por "dignidad y solidaridad"
Los inmigrantes, subsaharianos y sudamericanos, sólo pasarán una noche en el hotel
El Gobierno de Melilla ha trasladado a un hotel a un grupo de inmigrantes ilegales acampados a las puertas del CETI después de las intensas lluvias registradas este jueves en la ciudad autónoma. El Ejecutivo que preside Juan José Imbroda (PP) ha pedido a la Delegación del Gobierno «una solución inmediata» para estas 11 personas afectadas por las modificaciones en el sistema de solicitud de asilo.
El Gobierno de Melilla ha señalado en un comunicado que la Policía Local se ha hecho cargo de su traslado «por una cuestión de dignidad y solidaridad», puesto que la Delegación del Gobierno «les niega la entrada desde hace días». La decisión se ha tomado bajo instrucciones de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, pese a que la ciudad autónoma no tiene competencias en materia migratoria.
La razón del traslado, explican, es dar «protección» a estos 11 inmigrantes y «una habitación donde resguardarse» tras una tarde de fuertes lluvias que convirtieron en un barrizal el pequeño campamento con varias tiendas de campaña cedidas por la ONG Mec de la Rue (MdLR). La Guardia Civil se desplazó a la zona para evaluar la situación y, finalmente, la Policía Local procedió a su traslado a un hotel de la ciudad.
No obstante, el Gobierno de Melilla sólo puede ofrecerles cobijo durante una noche, según ha apuntado este viernes la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed.
Procedentes de Venezuela, Colombia y Mali, los inmigrantes llevaban desde el domingo acampados a la intemperie en las inmediaciones del CETI tras no ser admitidos en él por un cambio en el procedimiento para solicitar asilo en Melilla: desde el pasado 27 de febrero, y por orden del Ministerio del Interior, los trámites ya no se realizan de manera presencial, lo que permitía un acceso más inmediato a los centro de acogida, sino que ahora es necesaria una cita online. Desde entonces, el CETI, de 782 plazas y dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, les ha denegado el acceso al no poder iniciar estos trámites por vía telemática.
Varios miembros del Ejecutivo melillense, entre ellos su presidente, Juan José Imbroda, han acusado en los últimos días al Gobierno de Sánchez de haber adoptado una «decisión inhumana» al no abrir las puertas del CETI a esta decena de inmigrantes que estaban viviendo en la calle mientras su delegada en Melilla, Sabrina Moh, no daba «ninguna señal» y miraba «para otro lado».
«Desde el Gobierno de Melilla siempre hemos estado dispuestos a colaborar con los más necesitados, pero no se debe confundir esa predisposición con aquellos que tienen la auténtica responsabilidad de resolver los problemas», afirmó al respecto el vicepresidente primero de la ciudad autónoma, Miguel Marín.
Este jueves, la Diócesis de Málaga denunció públicamente la situación de estos 11 inmigrantes asegurando que «merecen ser atendidos en condiciones dignas», petición que un día antes también trasladó el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Blas Jesús Imbroda –hermano del presidente del Gobierno de Melilla–, que dijo que España está «absolutamente obligada» a darles asistencia atendiendo a los tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico de nuestro país.
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