La Junta dará 50 millones a los autónomos andaluces para paliar la dejadez de Sánchez con el sector

La Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha decidido aprobar ayudas por valor de 50 millones de euros para paliar las carencias del Gobierno de Pedro Sánchez con un colectivo tan sensible como es el de los autónomos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles destinar 50 millones de euros a una línea de subvenciones a los autónomos para paliar los efectos del impacto económico del coronavirus, que llegará a 166.000 trabajadores en un pago único de 300 euros para la cuota de abril.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha explicado al término de la reunión en rueda de prensa los detalles del decreto ley, cuyo objetivo es «ayudar a la continuidad de las empresas y evitar cierres definitivos» que podrían tener un «importante impacto» en la comunidad, porque «hablar de autónomos es hablar de empleo».

La medida, ha explicado Blanco, pretende «complementar» las que ya se han adoptado a nivel nacional y llegar a parte del colectivo -trabajadores por cuenta propia, autónomos o mutualistas- que «no se está beneficiando de algunas de ellas», como la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Debido al carácter urgente de la medida, el decreto ley establece que la tramitación, que sólo podrá realizarse de forma telemática, se llevará a cabo con un procedimiento «simplificado y ágil», de forma que en una primera fase sólo habrá que presentar una solicitud «online» para poder cobrar la ayuda «en el más breve plazo posible».

Dicha solicitud incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos; el DNI-NIF; domicilio fiscal; empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa; no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad; número de cuenta bancaria para percibir la ayuda y declaración del IRPF.

Los potenciales beneficiarios podrán tramitar su solicitud desde el próximo viernes -día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y hasta quince días después de declararse finalizado el estado de alarma o hasta que se haya agotado el presupuesto.

La consejera ha recordado que el Gobierno central se negó a la suspensión de las cuotas de autónomos que se le solicitó desde Andalucía y ha subrayado que esta medida «sería más ágil» si el Ejecutivo socialista «la hubiera acometido con sus medios, puesto que tiene todos los datos en los ficheros de la Seguridad Social».

Para recibir la ayuda es necesario ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía, y estar afiliado al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente, en la fecha de la entrada en vigor del estado de alarma.

Se excluye a quienes se acogen a la prestación extraordinaria por cese de actividad del Gobierno, a los trabajadores por cuenta propia o mutualistas cuya actividad está considerada servicio esencial y los autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales).

Dentro de los servicios esenciales sí se ha incluido como potenciales beneficiarios a trabajadores por cuenta propia de hasta 99 tipos de profesiones «de muy diversa índole y sector», entre las que se encuentran sanitarios; artesanos; clínicas veterinarias; ópticas y productos ortopédicos; prensa y papelería; tintorerías; fotografía; textil y confección y componentes electrónicos.

También podrán optar a la ayuda los autónomos que trabajen en los servicios de transporte de personas; abogados; procuradores; intérpretes; psicólogos; profesionales del sector de la flor cortada; actividades relacionadas con las telecomunicaciones; fabricantes de quesos o servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad, entre otros.

Blanco ha añadido que se trata de ayudas de concurrencia no competitiva y hasta agotar presupuesto, y que para «agilizar» se ha acordado con la Intervención que no se haga fiscalización previa, sino control financiero posterior, para que «las ayudas lleguen cuanto antes».