Juicio a Boliden 25 años después: la Junta reclama 90 millones por el desastre natural de Aznalcóllar

Más de 25 años después, y tras un largo litigio judicial, la Junta de Andalucía ha sentado por fin este martes en el banquillo a la empresa sueca Boliden, dueña de la mina que provocó el desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla). La Administración autonómica reclama cerca de 90 millones de euros por las tareas de limpieza del vertido.

El 25 de abril de 1998, una presa minera de Aznalcóllar reventó y cinco millones de metros cúbicos de lodo tóxico se vertieron en la cuenca del río Guadiamar, arrasando unas 4.400 hectáreas. El río de barro, que recorrió 62 kilómetros hasta quedarse a las puertas del Parque Nacional de Doñana, contaminó todo a su paso con ácidos, metales pesados y peligrosos químicos.

Fue una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos tiempos. Atendiendo al volumen del vertido, el segundo gran accidente ecológico minero en el mundo y el mayor de Europa. Según Ecologistas en Acción, se retiraron 30 toneladas de animales muertos. Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el impacto contaminante del vertido de Aznalcóllar fue cien veces superior al del hundimiento del Prestige, que dejó 63.000 toneladas de petróleo en el mar de Galicia.

En aquel lejano 1998, el complejo minero de Aznalcóllar estaba explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). A las 9:30 horas de este martes ha arrancado el juicio en el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla. La vista comprende seis sesiones y un total de 13 interrogatorios hasta el día 20 de julio. La Junta de Andalucía reclama unos 89,8 millones de euros más intereses a la empresa sueca.

La Junta pide «justicia»

La multinacional sueca Boliden ha manifestado este martes que 25 años después de la catástrofe natural derivada de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina es «un alivio» que haya comenzado el juicio.

Klas Nilsson, responsable de Comunicación de Boliden, ha manifestado a los medios de comunicación a las puertas de la sede judicial que durante casi tres décadas han tenido «discusiones con la Junta y no ha sido posible llegar a un acuerdo, así que es reconfortante tener una tercera parte que revise» lo ocurrido. «Afortunadamente, ambas partes pueden presentar sus argumentos. Veremos qué encuentra el tribunal», ha señalado, recalcando que la empresa dejó la zona «de buena manera».

Javier Serrano Aguilar, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina de Restauración creada ante la catástrofe natural, ha asegurado ante el juzgado que la socioeconomía de la zona sigue «pagando las consecuencias del vertido». Aguilar ha manifestado que las «dimensiones» del vertido fueron tales que la Junta hubo de «innovar» a la hora de restaurar la zona afectada, pues no había «una referencia mundial» que tomar como punto de partida o de la que «copiar» medidas.

Por su parte, el portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha confiado este martes en que se haga «justicia» y se recuperen los casi 90 millones de euros por los gastos de restauración medioambiental afrontados por la Administración pública.

El juicio

Además de esta sesión inicial, el programa del juicio comprende el jueves de esta misma semana y los días 11, 13, 18 y 20 de este mes de julio. El juicio contará así con seis jornadas y un total de 13 interrogatorios, entre ellos a quien fuera el consejero delegado de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa) Javier Serrano Aguilar.

La demanda se dirige, en concreto, contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV. La Administración andaluza, según la representación jurídica de la misma, asumió la «intervención coordinada» para combatir el citado macrovertido y restaurar el daño medioambiental, aunque desde un primer momento con la «voluntad» de «repercutir» los gastos afrontados a los responsables de la situación, recordando que Boliden, que desarrollaba su actividad minera a través del citado grupo de empresas, «era titular» de la balsa siniestrada y ostentaba «la mayoría» del capital social de Boliden-Apirsa y del citado grupo de sociedades.

De su lado, las representaciones de Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV lamentaban «profundamente» el mencionado vertido de lodos contaminantes, pero en paralelo reclamaban la desestimación íntegra de esta demanda o «acción de reembolso».

Según el representante legal de Boliden Apirsa, de la regulación en la materia y los hechos resulta «palmario» que no pesa «obligación» alguna de compensar a la Junta de Andalucía por los mencionados trabajos de recuperación ambiental, además de que otras tantas entidades del sector minero presentarían estructuras societarias similares a las de este grupo.

El abogado de Boliden-Apirsa negó en su momento que la empresa se «enriqueciese» con la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar, defendiendo que como consecuencia del accidente, la entidad afrontó gastos por valor de unos 115 millones de euros, 80 de ellos para la retirada «voluntaria» de lodos sin cobertura de los seguros, incurriendo finalmente en pérdidas por importe de unos 37 millones de euros.