Instaló una ‘casa móvil’ en una parcela que había comprado: ahora la Justicia le pide 15 meses de prisión
Su abogado alega que la estructura no iba a ser usada como residencia y que no dañaba el terreno
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Un vecino de Casabermeja, en Málaga, se enfrenta a una batalla judicial tras instalar una casa móvil de segunda mano, sin cimentación y apoyada sobre ruedas en una parcela rural. La Fiscalía le denuncia por un delito contra la ordenación del territorio y solicita una pena de 15 meses de prisión. El propietario estima desproporcionada esta respuesta de la acusación.
El hombre argumenta que se trata de un bien mueble, no una construcción, y que no la iba a utilizar como residencia. Su intención, como afirma, era usarla como almacén de aperos de labranza y un pequeño huerto para disfrutar con sus hijos.
El despacho Miguel Ángel Escalante de Escalante & Botello Abogados, encargado de la defensa del acusado, considera que la instalación de un bien mueble transportable no es proporcional con la respuesta penal a la que se expone el propietario. El debate que sugiere es si su colocación sobre un terreno puede justificar que el dueño deba asumir una condena superior a un año.
Un caso que se remonta a 2022
Hace cuatro años, el acusado compró una parcela rústica, con una extensión de 3.127 metros cuadrados. En su escrito de alegaciones subraya que gran parte de los elementos visibles en el terreno ya estaban allí antes de que el investigado efectuase la compra.
Según el letrado, el comprador visitó el terreno una semana antes de cerrarse la adquisición y grabó vídeos de su estado. En dichas imágenes, según el escrito, podían apreciarse ya “los dos depósitos cilíndricos, el contenedor de planta rectangular y el vallado perimetral con los postes metálicos sobre zuncho de hormigón”. Es por esto que condena que se le atribuyan todas las obras existentes en la finca.
Además, denuncia que el Ministerio Público «confunde deliberadamente al comprador de un terreno con el autor material de unas obras que este jamás ejecutó». Lo que sí reconoce el dueño es la instalación de la mobile home. Es aquí donde se encuentra la disensión. La Fiscalía lo considera una construcción, mientras que el propietario lo niega.
El abogado se reafirma en que la estructura estaba «aislada del suelo y desprovista de cimentación». El debate no es solamente terminológico, ya que de él depende la mayor parte de la interpretación del caso. El letrado insiste en que una casa móvil es «un vehículo habitable de recreo transportable» y que, al mantener su capacidad de moverse, no se trata de una estructura fija. La Fiscalía disiente, sosteniendo que la instalación puede tener un uso residencial.
El arraigo a la parcela es «nulo o irrelevante»
El despacho defiende también que la mobile home no era la vivienda habitual de la persona a la que se le pide cárcel: «No reside, ni ha residido nunca, en la parcela». Para más inri, no estaba empadronado en la finca y en ninguna de las inspecciones del técnico municipal o de la Guardia Civil se constató que alguien viviese allí.
Asimismo, el caso incluye un episodio vinculado a la ubicación del investigado. Según su defensa, el intento de notificarle en la propia finca el auto de transformación del procedimiento resultó inútil. Se procedió, pues, a su búsqueda y captura, hasta que fue localizado en la vivienda donde aparece empadronado. «Difícilmente puede sostenerse que la instalación cuestionada esté destinada a colmar un uso residencial de vivienda con vocación de permanencia», asegura el abogado.
A su parecer, aun necesitando la instalación una autorización de la ordenanza competente, no debería existir pena de prisión. Además, establece que el terreno protegido por el artículo 319 del Código Penal «no resulta mínimamente afectado» por una estructura de fácil desmontaje. Y concluye que la afección al terreno es «nula o irrelevante».
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