La Fiscalía archiva una denuncia de ONGs contra la Guardia Civil por expulsar a dos marroquíes de Ceuta

La Fiscalía de Ceuta ha acordado el archivo de la denuncia interpuesta el pasado diciembre por cinco ONGs contra la Guardia Civil por la expulsión de dos jóvenes marroquíes a su país de origen, inmigrantes que supuestamente eran menores de edad y estaban amparados por medidas judiciales cautelares dictadas en agosto que prohibían su repatriación.

El Ministerio Público ha valorado que «no ha quedado acreditada la minoría de edad de los extranjeros inmigrantes» y ha primado la «presunción de veracidad» de los siete agentes citados a declarar, que coincidieron en asegurar que los expulsados les parecieron adultos y que ninguno alegó ser menor ni presentó documentación que lo acreditase.

Según el decreto de la Fiscalía, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, «no existen indicios en grado de probabilidad suficiente para considerar justificada la perpetración del delito ni dirigir el procedimiento contra persona determinada y acordar la continuación de las actuaciones».

Las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, NoNameKitchen, Maakum y Fundación Raíces denunciaron que durante la tarde del 28 de noviembre varios guardias civiles habían interceptado en el puerto a tres jóvenes -entre ellos los dos a los que se había prohibido expulsar- cuando intentaban acceder a un ferry para llegar como polizones a la península. Acto seguido los habrían trasladado a la frontera y entregado a las fuerzas de seguridad marroquíes pese a que habrían «implorado» no ser repatriados y alertado de que no llegaban a los 18 años.

La Fiscalía citó a declarar a un guardia del Servicio Marítimo como testigo y a seis de la Compañía Fiscal como investigados. Su versión de los hechos coincidió con la de las entidades denunciantes en que tres varones fueron localizados en los muelles del puerto de Ceuta ese día y en que se decidió su expulsión como «rechazo en frontera», es decir, como si estuviesen llegando a territorio español y no intentando salir de la ciudad autónoma hacia la península.

El jefe de servicio declaró, como sus subordinados, que «los inmigrantes en ningún momento manifestaron que eran menores» y que «le parecieron adultos por su aspecto físico y no llevaban documentación». Otro compañero corroboró que no dudó «en ningún momento» de que los chicos fuesen «mayores» de edad cuando los encontró «mojados». Uno más aseveró que «si hubieran pensado que eran menores con constancia se les habría llevado a Piniers, La Esperanza o la Policía si no son marroquíes, como otras veces».

«El hecho central de la denuncia descansaba en la minoría de edad de dos de los expulsados, un presupuesto que no se ha podido acreditar pericialmente dado que lamentablemente no se encuentran en territorio español», ha fundamentado la Fiscalía el archivo de la causa, que ha justificado en que «careciendo de prueba empírica y de los testimonios de los propios extranjeros indocumentados, debemos colegir que eran mayores de edad y que así fue apreciado por los agentes de la Guardia Civil que realizaron su rechazo sumario al país fronterizo».