Las elecciones andaluzas posponen el juicio de Ana Buza: la jueza será presidenta de la Junta Electoral Provincial
El juicio dará comienzo 4 meses después de la fecha prevista, septiembre de este mismo año
El proceso judicial por la muerte de Ana Buza, la joven de 19 años que falleció en 2019 mientras viajaba en coche con su pareja, estaba previsto para el 4 de mayo en la Audiencia de Sevilla, pero finalmente no podrá llevarse a cabo en esas fechas. La razón se encuentra en la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía para el 17 de mayo. La jueza encargada de presidir el juicio ha sido nombrada presidenta de la Junta Electoral Provincial, un cargo que exige dedicación exclusiva y le impide asistir a la vista. El juicio, que iba a comenzar en mayo, tendrá que aplazarse hasta septiembre.
La magistrada que preside el Tribunal del Jurado es Ángeles Sáez, integrante de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial. El 25 de marzo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial designó a los miembros de las juntas electorales provinciales, siendo ella elegida para la de Sevilla junto a Óscar Rey (Sección Segunda) y Patricia Fernández (Sección Primera). Tal como establece la normativa, los tres participaron en la votación interna, resultando Sáez elegida presidenta. Este nombramiento quedó reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia del 27 de marzo.
Por su parte, el delegado provincial del Instituto Nacional de Estadística en Sevilla, Alberto Iriarte, actuará como vocal asesor, mientras que Luis Revilla desempeñará la función de secretario. Este último es el letrado de la Administración de Justicia de la Oficina del Jurado, por lo que su papel es esencial en este tipo de procesos. Debido a esta situación, resultaba imposible que el juicio se celebrara en mayo.
Nueva fecha del juicio
En una resolución emitida el 30 de marzo, la propia jueza ratifica la suspensión del juicio y anula la fecha prevista para mayo, basándose en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esta norma establece que quienes presiden las Juntas Electorales Provinciales deben dedicarse en exclusiva a sus funciones desde la convocatoria electoral hasta la proclamación de los resultados, es decir, hasta después de los comicios. En ese mismo documento se fija una nueva fecha para la celebración, el 4 de septiembre. Si se mantiene este calendario provisional, el juicio se desarrollará en nueve sesiones y concluirá el día 18.
Este cambio inesperado retrasa aún más la resolución de un caso que, más de seis años después, continúa sin esclarecerse. La defensa del único acusado, quien era la pareja de la joven en aquel momento, ha sostenido siempre que se trató de un suicidio, afirmando que ella se lanzó del coche en marcha. Por su parte, la familia de Ana defiende una versión distinta y asegura que la joven se bajó del vehículo tras una discusión y que él la atropelló, por lo que consideran que se trata de un asesinato.
En una posición intermedia se sitúa la Fiscalía. Apoyándose en diversos informes de la Guardia Civil y de especialistas reconocidos, el Ministerio Público descarta tanto el suicidio como el homicidio intencionado. Según su criterio, el único delito imputable al acusado es haber circulado a una velocidad muy superior a la permitida en el lugar de los hechos. Por ello, califica lo ocurrido como un homicidio por imprudencia grave y solicita para él una pena de tres años de prisión, cercana al máximo contemplado para este tipo de delito.
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