Andalucía aún paga la corrupción del PSOE: fianza de 4,3 millones al Ayuntamiento de Sevilla por los ERE

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 24/11/2022 13:02
  • Actualizado: 24/11/2022 13:33

Los andaluces siguen pagando los 37 años de corrupción socialista en la comunidad. Y es que la Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza de 4,3 millones al Ayuntamiento de Sevilla -es decir, a todos los sevillanos- dentro de la macrocausa de los ERE. En esta ocasión, la sanción provisional obedece en la pieza en la se investigan las ayudas de 4.125.000 euros concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta socialista a la empresa pública Mercasevilla en el ERE de 2003.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha desestimado de este modo el recurso presentado por Mercasevilla y confirmado la decisión del juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, de imponer a Mercasevilla la fianza de 4,3 millones.

La Audiencia argumenta que Mercasevilla «es una sociedad mercantil pública, participada tanto por el Ayuntamiento de Sevilla como por la Administración del Estado, que se rige por el ordenamiento jurídico privado, con independencia de las materias en las que les sea de aplicación las normativas presupuestarias, contable, de control financiero y de contratación». Por eso, asegura que «no se acredita que disponga de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública», tal y como ha avanzado el Diario de Sevilla y podido confirmar OKDIARIO Andalucía por fuentes cercanas al caso.

Condenas

El Tribunal Supremo (TS) ratificaba el año pasado la condena de la Audiencia de Sevilla a dos años de prisión y seis de inhabilitación para el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, por un delito de malversación de caudales públicos en la gestión de la citada entidad, participada por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa, concretamente por una beca de 24.000 euros concedida de manera «arbitraria» a la hija de un mayorista de pescado.

De este modo, el Tribunal Supremo (TS) desestimaba finalmente el recurso de casación interpuesto por Mellet contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. En la sentencia impugnada, la Sección Cuarta de la Audiencia impuso al ex director general de la lonja dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis años, así como el pago de una indemnización de 16.412,12 euros a la Fundación Socio-Asistencial de Mercasevilla en relación con el pago de una beca a la entonces acusada Carmen Vela, -hija del entonces presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela-, que deberá «responder conjunta y solidariamente» de dicha cantidad «en su condición de partícipe a título lucrativo» de los hechos.

Devoluciones

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenaba en abril de este año a un ex trabajador de la empresa Mercasevilla prejubilado con cargo al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, a reintegrar 44.282 euros a la entidad conforme al «fraude» implícito en los términos del acuerdo alcanzado para dicho despido colectivo, para el cual pesaba un compromiso de financiación por parte del que fuera director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, extremo del que finalmente se desligó la Administración andaluza.

En una sentencia emitida el pasado 10 de febrero, la sala de lo Social del TSJA aborda un litigio promovido por Mercasevilla, en torno al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por dicha sociedad perteneciente al Ayuntamiento hispalense y la empresa estatal Mercasa.

Este ERE de 2007, recordémolo, tuvo un coste calculado de 9.046.976,95 euros y a él se adhirieron unos 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento sometido a investigación judicial, en el marco de las diligencias incoadas por la trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias promovidas con cargo a la a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, es decir el caso de los ERE.