Los altos cargos del Ayuntamiento socialista de Sanlúcar se repartieron 165.000 € de los gaditanos en julio

El equipo de gobierno del ayuntamiento socialista de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se repartió el pasado mes de julio, en plena pandemia del coronavirus, más de 165.000 euros en concepto de «gratificaciones». Un sobresueldo que estaba, por supuesto, al margen de sus nóminas. Un dinero de los sanluqueños que ha terminado, una vez más, en el bolsillo de los políticos socialistas andaluces.

Cabe recordar que fue hace ya diez meses que fue aprobada la Relación del Puesto de Trabajo (RPT) con los únicos votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE y Cs). Algo que ha sido denunciado por Izquierda Unida, en boca de su concejal Fernando Cabral.

Estos hechos llegan en plena oleada de juicios, investigaciones y denuncias públicas contra el PSOE Andaluz, para quien no ha terminado aún el caso de los ERE, que de momento ya ha demostrado la malversación de 680 millones de euros de la Junta socialista de Andalucía, de Isofotón, o de la Fundación de los parados andaluces (Faffe).

Isofotón

El juez que investiga el caso de las subvenciones irregulares por valor de más de ocho millones de euros concedidas a Isofotón, empresa en la que trabajaba la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, sigue avanzando su investigación y ha pedido las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015, es decir, bajo los mandatos de Chaves, Griñán… ¡y Susana Díaz!

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que indaga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa Isofotón, declarada en concurso de acreedores, ha solicitado a la Consejería de Presidencia las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015 que incluyan acuerdos sobre los citados avales, tal y como confirman desde la propia Junta a OKDIARIO.

Faffe

El directivo de la Junta de Andalucía que se gastó más de 30.000 euros de los andaluces en prostíbulos (15.000 euros en apenas dos días), enchufó a dedo al exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la empresa privada a través de la cual los socialistas contrataban a sus amigos para cobrar un sueldo público… sin ser funcionarios.

Y es que el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha ordenado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra el ex director general técnico de la Faffe, Fernando Villén, y el exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres García, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación derivados de la contratación «injusta y arbitraria» del citado ex primer edil en la Faffe, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos.

Caso ERE

Los 680 millones de euros que los socialistas malversaron en Andalucía podrías ser más. Muchos más. Por el momento, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ampliará la condición de investigados por la trama de los ERE al exconsejero de Empleo Manuel Recio, al exconsejero de Economía Antonio Ávila, a los exviceconsejeros Justo Mañas y Luis Nieto y al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera. Esta pieza separada investiga las ayudas autonómicas concedidas a la sociedad Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), antigua gestora de la mina de Aznalcóllar.

En un auto emitido el pasado 7 de octubre, el juez José Ignacio Vilaplana aborda la pieza separada de la trama de los fondos autonómicos destinados para expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas, correspondiente a los casi 54,28 millones de euros librados por la Administración andaluza para Bolidén-Apirsa después de que la misma extinguiese 425 puestos de empleo tras la conocida catástrofe medioambiental.