El Supremo cierra ciclo en el juicio al ‘procés’: adiós, testigos, adiós

Tres meses y 46 jornadas después, el Supremo dice adiós a los testigos. Más de 422, de los 500 que inicialmente esperaban, tras las renuncias de acusaciones y defensas y sin contar aquellos que no han acudido al Alto Tribunal después de trasladarle a la Sala su intención de no declarar, por estar investigados en otros procedimientos. Políticos, mandos policiales, Mossos -con el mayor Josep Lluís Trapero al frente- agentes y votantes que han contado su versión de lo ocurrido en Cataluña, durante el otoño de 2017.

Quien cierra la serie, iniciada por el diputado de ERC Joan Tardá, es el número dos del entonces consejero de Empresa de la Generalitat, Santi Vila. Pau Villoria sale en defensa de Vila para asegurar que le dio indicaciones expresas y «reiteradas» para que «velase y garantizase» que nadie efectuaba gastos relacionados con el 1-O.

El testimonio de Villoria, junto al del resto de los testigos que las defensas han citado hoy, trata de desacreditar la tesis de la Fiscalía que sostiene cómo el acuerdo de gasto solidario tomado por los miembros del Govern, el 7 de septiembre de 2017 -para asumir «colectiva y solidariamente» los costes del referéndum ilegal- implica a los exconsejeros acusados en el delito de malversación. Villoria asegura que no. Vila le explicó que era «una decisión política». De hecho, le comentó que «el presidente de la Generalitat» -se refiere el testigo a Puigdemont- «había dicho que el 1-O se financiaría con donaciones de particulares».

Algo similar a lo que asegura Josefina Valls, exdirectora de los servicios de Gobernación, bajo el mando de Meritxell Borràs, para quien toda aquella escenografía «inviable» de la financiación compartida era un postureo «más político» que otra cosa. La prueba está, dice, en que las competencias en contratación, en Cataluña, son exclusivas de los consejeros -aunque algunos las tenían delegadas en sus subordinados- así que ningún funcionario podría haber tramitado «ningún expediente» relacionado con servicios para el referéndum ilegal. Vamos, que el procedimiento de contratación fue en todo momento reglado, y electrónico, así que nadie podía intervenir en el mismo sin dejar rastro en el sistema.

Santi Vila «me comentó que el presidente Puigdemont le había dicho que el 1-O se financiaría con donaciones de particulares», asegura en la Sala su número 2.

Tampoco ceder locales para su celebración cuando, además de las indicaciones expresas de sus jefes, todos ellos, desde el 17 de julio de 2017, habían decidido traspasar las competencias del área de procesos electorales de Gobernación a la Vicepresidencia, a cargo de Oriol Junqueras.

Precisamente sobre estos locales se ha focalizado la lupa de la Sala, hoy, durante buena parte de la mañana. Dos peritos inmobiliarios de las defensas han tratado de desacreditar el informe de dos técnicos expertos de la Fiscalía que, a su vez, cifran en 900.906 euros el «valor de uso» de los 2.259 centros que el Govern habilitó para las votaciones. Un pequeño galimatías que no ha gustado a la fiscal Consuelo Madrigal, porque se trataba de una prueba clave para la acusación. El Ministerio Público considera que ese importe forma parte de los fondos, presuntamente, malversados por la Generalitat.

El tribunal escucha con sumo interés «la valoración de los locales empleados como centros de votación» realizada por los peritos del Ministerio Público. En paralelo, atiende a la contrapericial, propuesta por la defensa de Dolors Bassa, «sobre el posible valor de uso por arrendamiento». La prueba se convierte, por momentos, en una suerte de careo pericial.

Unos peritos dieron un valor «potencial» a esos inmuebles en función del valor que habrían tenido de ser alquilados, en el mercado real. Los otros aseguran que ese valor es cero porque no existe la posibilidad de alquilar edificios públicos ni de su uso como centros de votación el 1-O se desprende un «lucro cesante». Es decir, aunque la Generalitat no los hubiese utilizado aquel domingo de autos, no ha dejado de ingresar en el erario público dinero a favor de los ciudadanos.

Quizás convenga traer entonces a colación, la reflexión cristalina de las cuatro abogadas del Estado que, ayer, sentadas como técnicos del Ministerio de Hacienda, recordaban en la Sala que «los servicios públicos no son gratis». Cabe pensar, pues, que si los edificios públicos fueron utilizados con una finalidad distinta de aquella para la que están siendo financiados, vía impuestos, por los ciudadanos, en cierto modo sí se produjo un «perjuicio patrimonial». Si lo hubo, o no, es algo que el tribunal, y sólo él, debe determinar. Lo único cierto de esta 46 sesión del juicio al ‘procés’ es que los testigos no volverán.