La presión para euskaldunizar la Educación en Navarra provoca la cuarta dimisión en dos años
La dimisión de la secretaria general técnica de la Consejería de Educación de Navarra se suma al goteo de abandonos que viene experimentando administración de la comunidad foral a causa de la presión nacionalista. El cuatripartito que preside Uxue Barcos (Geroa Bai-PNV) puso en marcha en 2015 un proceso para la euskaldunización de la sociedad, un proyecto de dictadura lingüística que no sólo cosecha el rechazo en la calle sino también en las estructuras de gobierno.
La última en dejar el puesto es Begoña Alfaro, la responsable de los servicios jurídicos del Departamento de Educación. Llevaba un año en la secretaría general, un tiempo en el que ha tenido que hacer frente a los numerosos recursos interpuestos contra los decretos con los que nacionalistas, proetarras y podemitas pretenden imponer su dictadura lingüística.
Antes de Alfaro ya abandonaron otros tres altos cargos, entre ellos el propio consejero de Educación, José Luis Mendoza, en abril de 2017. Todos ellos esgrimen como justificación «motivos personales».A lo largo de estos dos años y medio se han registrado además decenas de dimisiones, ceses y peticiones de traslado en escalas inferiores.
La oposición al Ejecutivo que integran Geroa Bai-PNV, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra ha denunciado la «situación caótica» que vive la Educación en Navarra, y que explican por la presión a que se somete a los funcionarios para implementar la política de imposición del euskera en Navarra. Un ejemplo es la convocatoria de oposiciones a profesorado.
La última Oferta Pública de Empleo, que quiere cubrir 164 plazas vacantes en Secundaria, reserva 71 para el euskera, por 93 para el castellano. Un reparto a todas luces desproporcionado, toda vez que el español es la lengua mayoritaria en Navarra.
Los tres partidos de oposición que cuentan con representación parlamentaria (PSN, PPN y UPN) coinciden en la alarmante situación que afronta la Educación de los niños y jóvenes navarros. PPN y UPN acusan a Barcos y sus aliados de poner la enseñanza al servicio de sus intereses nacionalistas-independentistas, primando objetivos políticos por encima de los pedagógicos. Por su parte,los socialistas tachan de sectaria la política del cuatripartito y denuncian la inzseguridad jurídica que viven los funcionarios de Educación en esta comunidad.
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