Los obstáculos políticos a un país de propietarios

Hace algunas semanas les comentaba la crítica de un privilegiado sindicalista al país de propietarios que no quieren que seamos. No puedo evitar volver sobre el tema, pues la semana pasada conocíamos la última radiografía del mercado inmobiliario del portal fotocasa. Reseñando el estudio, el Periódico de Cataluña titulaba “España quiere seguir siendo país de propietarios” destacando el del 25% de los españoles de comprar casa y dejar de estar en alquiler a medio plazo. Sin embargo, el mismo estudio muestra que el acceso a la propiedad se ha dificultado mucho en los últimos tres años. En 2018, el 70% de los ciudadanos de entre 25 y 44 años vivía en propiedad. Hoy dicha cifra ha bajado al 59%. Y es que en sólo tres años, el porcentaje de españoles propietarios ha bajado del 66% al 57%: la propiedad se está concentrando en menos manos cada vez.

Hubo un tiempo en España en que la política favoreció el acceso de los ciudadanos a la propiedad: la ley del suelo de 1956 incrementó el suelo urbanizable y hubo promoción masiva de viviendas en propiedad a precios bajos (casas baratas) que se pagaban a plazos mediante el llamado acceso diferido a la propiedad. Ello permitió convertir en propietarios (y por tanto en clase media) a un segmento de españoles que anteriormente estaban condenados a ser inquilinos toda su vida. Sin embargo, tras la crisis de 2008 se dejó de promover VPO, se limitó la urbanización del suelo y se cortó el fenómeno. Además, el sistema impositivo se ha cebado con el inmueble: plusvalía municipal, ganancia patrimonial en el IRPF, impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados. Estos dos últimos, que son los que paga el comprador, eran del 6% y 1% respectivamente en su diseño básico estatal, pero algunas autonomías los han elevado hasta el 10% y 2%. Unido esto a que los bancos solo financian el 80% del valor del inmueble, se hace imprescindible tener ahorrado el 30% del valor de un piso para poder lanzarse a comprarlo (10% o más para impuestos). Según el estudio de fotocasa, el 69% de los encuestados no compra porque no tiene suficiente dinero ahorrado o porque su situación económica no se lo permite.

La dificultad en el acceso a la propiedad en un país donde consta claramente el deseo de acceder a la misma es un problema que tiene soluciones. Una primera solución la ha propuesto la Presidente del Banco de Santander Ana Botín, quien sugiere que los bancos puedan prestar el 100% del importe avalando el ICO el 20% del préstamo. Otra solución sería el fomento de las tenencias intermedias, como propone el Prof. Sergio Nasarre (director de la Cátedra Unesco de vivienda): poder disfrutar de la vivienda con una fórmula a medio camino entre la propiedad y el alquiler, teniendo siempre derecho a comprar el resto. Dichas fórmulas las recogió el Código civil de Cataluña, las menciona el documento de España 2050, pero no salen adelante porque no hay voluntad alguna por parte de los promotores, a quienes tampoco se les ofrecen incentivos fiscales de ningún tipo. Precisamente lo fiscal sería lo último: si el 10% de lo que tienen que tener ahorrado los compradores son impuestos, ¿por qué no bajarlos? Algunas autonomías del PP lo han hecho para jóvenes (Galicia) o familias numerosas (Madrid). Pero en conjunto falta voluntad política.

España quiere seguir siendo país de propietarios. Pero los políticos no colaboran. Este puede ser uno de los grandes temas del debate público de los próximos años. Atención.