El Gobierno avisó a la CNMC de que está poniendo en peligro las inversiones de las empresas gasistas
El presidente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada, no solo está sufriendo una rebelión interna dentro del regulador como consecuencia del ‘hachazo’ al sector gasista que ha puesto en marcha. Además de las críticas de las empresas perjudicadas y de los representantes de los trabajadores que pueden perder su puesto de trabajo, también tiene al Gobierno en contra, a pesar de que el marido de la ministra Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo, es consejero de la la CNMC.
El Ejecutivo ha avisado por escrito a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) de que su borrador de Circular ha puesto en jaque las inversiones del sector gasista y su rentabilidad, según se puede concluir de la lectura del escrito técnico al que ha tenido acceso OKDIARIO.
En el informe de alegaciones a la propuesta de Circular, en las páginas 3 y 4, el Ministerio de Transición Ecológica advierte de que «en el proceso de transición hacia una economía que elimine las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 es esencial, en un marco de regulación compleja como el del gas natural, una predictibilidad flexible del marco regulatorio».
A continuación el departamento que dirige en funciones Teresa Ribera advierte de lo siguiente: «Si bien la CNMC tiene la potestad de aplicar dicha flexibilidad modificando el modelo de retribución al inicio de cada periodo regulatorio, tal y como establece el Real Decreto Ley 1/2019, sería oportuno dotar de predictibilidad al modelo, evitando cambios que no permitan entrever el escenario al que se pretende llegar en próximos periodos regulatorios».
«En particular, es relevante el efecto que tiene la propuesta de Circular en las inversiones que han acometido las empresas en el periodo comprendido entre 2002 y hasta su entrada en vigor», señala el Ministerio.
El departamento de Ribera explica que las decisiones de inversión se han tomado de acuerdo «con un marco retributivo» que tenía en cuenta el mercado captado (ventas y clientes) y que el nuevo marco que pretende imponer la CNMC se basa en el valor de los activos netos.
Ante esto el Ejecutivo en funciones es tajante: «Si se combinan ambas metodologías, se podría ver afectada, más allá de lo razonable, la rentabilidad futura de inversiones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación normativa». «Ello deberá tenerse en cuenta para el cumplimiento del principio de rentabilidad suficiente de los recursos financieros invertidos y de confianza legítima y seguridad jurídica», remacha.
Desde el mundo empresarial denuncian que el gas es un sector de largo plazo y que las inversiones se hacen considerando periodos de recuperación de un mínimo de 20 años, por lo que cambiar las reglas del juego a las inversiones ya realizadas genera inseguridad a los inversores, por la ausencia de reglas claras.
Además, también es importante que sea previsible el marco para las inversiones futuras, no solo para las pasadas, que son determinantes para conseguir objetivos prioritarios como la descarbonización de la economía.
La propuesta de la CNMC y la del Gobierno no están alineadas, ya que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima que la demanda de gas debería crecer hasta el 20% de la energía final en 2030, algo que será imposible con el sistema retributivo que plantea Marín Quemada para los próximos seis años.
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