Belloch pagó 2,3 millones por unas obras del tranvía que nunca se llegaron a realizar en Zaragoza

Pedro Sánchez
Marcelino Iglesias, Juan Alberto Belloch y Pilar Alegria. (Foto: EFE)

El ex alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, pagó presuntamente 2.307.732,59 euros por unos trabajos que figuran en el proyecto inicial del tranvía adjudicados por el propio consistorio con sus socios privados a precio cerrado cuando se contrató dicha construcción. La Fiscalía investiga ahora las obras falsas e incluso por qué se pagaron cantidades duplicadas. Al presupuesto inicial calculado por estas obras se le añaden un 13% en concepto de gastos generales, otro 6% más por «beneficio industrial» y el correspondiente IVA que ascendía a un 18% en aquel momento.

Desde mayo, el Ministerio Público estudia la instrucción de este asunto que un particular ha denunciado por la comisión de cuatro delitos: prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y delitos continuados relativos a la ordenación del territorio.

La querella interpuesta señala que «las obras fueron validadas por técnicos, es decir, certificadas y cobradas, pero no llegaron a realizarse», algo que también admiten ahora en privado a este medio algunos miembros de la sociedad que gestiona el tranvía, Los Tranvías de Zaragoza S.A. Un 20% del accionariado de este organismo lo conforma el propio consistorio y un 80% restante por socios privados (CAF, Tuzsa, FCC, Acciona, Concessia e Ibercaja). En concreto, en la denuncia figuran, al menos, cuatro partidas no ejecutadas que sí han sido certificadas y abonadas como el traslado de la fuente de Plaza de España por un importe de 200.000 euros. En los planos iniciales se incluye el traslado de la fuente, mientras que en el proyecto de ejecución posterior no aparece dicho traslado. Sin embargo, en el presupuesto del proyecto sí se incluye la partida y, finalmente, en la última certificación aparece como obra ejecutada con su correspondiente importe.

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La segunda obra falsa sería el traslado de la fuente de Plaza Paraíso por un importe de 487.578 euros. En el proyecto de referencia se considera una de las afecciones a realizar. En los planos siguientes se describe el traslado de la obra de su posición actual a la, supuestamente, nueva. Ya, en el proyecto de ejecución no continúa la obra asegurando que va a ser demolida y sustituida por otra ornamentación. Sin embargo, el presupuesto incluye partidas de construcción de una nueva fuente con un menor importe de 109.349,22 euros y en la certificación final aparece como obra ejecutada.

La tercera obra inexistente se trata de una construcción de una nave de servicios en las cocheras de Parque Goya por un importe de 700.350,87 euros. Inicialmente, figura en la Memoria una descripción de las actividades a realizar y de las características que debía de poseer. En los planos se describe la construcción de una estación de servicio y aparece una cantidad: 510.769,35 euros. Mientras que en el proyecto de ejecución (la fase siguiente) sigue apareciendo la obra con una cantidad mayor: 700.350,87 euros. En el paso siguiente y siguiendo el proyecto, la obra no aparece y el diseño cambia. No se construye la nave, pero sí unas pequeñas instalaciones para mantenimiento de los trenes con un importe muchísimo más bajo por valor de 58.204,28 euros. Sin embargo, en los presupuestos finales aparece como cobrado el primer importe.

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La cuarta obra falsa consiste en el cambio de ubicación de la salida del aparcamiento público Puerta Cinegia de Plaza de España con un importe de 108.796,05 euros. Inicialmente, la obra se considera con un importe más alto por valor de 124.415,96 euros. Ya en el proyecto de ejecución, su valor se reduce a 108.796,05 euros. En la última certificación (la 41), que debe de estar ajustada al estado de dimensiones y características de la obra ejecutada, aparece falsariamente como obra ejecutada con el importe fijado. Tanto el Ayuntamiento como la sociedad gestora, Los Tranvías de Zaragoza S.A., han reconocido públicamente que las obras certificadas, aunque no hayan sido ejecutadas, se «compensaron» por otras no proyectadas que no estaban incluidas en el proyecto de referencia y, por tanto, no sometidas a licitación pública. Comentaron que «era una práctica habitual en este tipo de obras», lo que según advierten fuentes jurídicas a este diario es «ilegal e incierto».

Por todo ello, el demandante exige a los responsables la pena de un año y seis meses a cuatro años de prisión; una multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad explicada aquí y en ese caso será el triple del montante de dicho beneficio e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años a los promotores, constructores, técnicos directores y todos los que hayan participado.

La obra del tranvía, realizada por fases entre 2008 y principios de 2013, ha hecho aflorar documentos y numerosos testimonios que durante años fueron guardados o silenciados. Según informes de la Cámara de Cuentas de Aragón a los que ha podido tener acceso este diario, los menos de 13 kilómetros de tranvía que hay en funcionamiento han costado 629 millones de euros de fondos públicos para 30 años.

La gerente dijo que eran «meros borradores» y culpa a su antecesor

La gerente de sociedad Los Tranvías de Zaragoza S.A, Ana María Moreno, negó ante la juez, Nicolasa García,cualquier relación con las cuatro obras que no se realizaron pero sí se pagaron durante la construcción de la línea 1 del tranvía de Zaragoza. Moreno negó haber firmado ninguna documentación sobre las obras, y si lo hizo, afirmó, fue alguna orden de pago pendiente de su antecesor, Alejandro Moreno. Ella se dedicó a resolver los «problemas con entidades financieras» que tenía el proyecto.

Según se afirmó en el juicio, la certificación de obra más polémica (el cambio de ubicación de la salida del aparcamiento público Puerta Cinegia de Plaza de España) aparece en la causa duplicada y sin su firma. Moreno aseguró que la versión del 2013 era un «mero borrador de trabajo», y la del 2014, la certificación. Pero tampoco la firmó, porque correspondía a trabajos realizados bajo el mandato del anterior gerente. Atribuyó el retraso en la certificación a las «discrepancias» entre el ayuntamiento y la UTE sobre los trabajos.

Otro de los técnicos que también ha declarado estos días (el gerente de la UTE FCC-Acciona, que construyó el tranvía) José Antonio Carriles, quien reconoció que sí conocía las obras (en los documentos aparece su firma) pero no las consideró ilegales, ya que las compensaciones de pago u otros procedimientos como el pago «a buena cuenta eran habituales». Lo que podría explicar las restas de dinero que aparecen en el proyecto. En este contexto, explicó que firmó la certificación del aparcamiento porque estaba de acuerdo «en las cantidades globales», y en la documentación de la UTE no estaban las obras falsas.

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