Padres contra la ley Celaá: «Mi hija, que no puede andar ni hablar, no puede ir a un colegio ordinario»

Esther Morillas tiene tres hijos. Lucía, la segunda, tiene once años y una alteración genética cuya manifestación es muy similar a una parálisis cerebral. Desde hace ocho años está escolarizada en la Fundación Bobath, especializada en su caso. Lucía no camina, no habla y no puede comer sólidos. Sin embargo, la reforma de la ley de educación pretende que ella y miles de niños en situaciones similares tengan que educarse en colegios ordinarios a pesar de sus evidentes necesidades especiales.

Su madre explica en una entrevista para OKDIARIO qué supone esto para este tipo de familias y la falta de empatía que ha mostrado el Gobierno con el problema. Asegura que no se trata de un movimiento político sino de defender a sus hijos.

PREGUNTA. ¿Cómo os afectaría esta medida a vosotros y a Lucía?

RESPUESTA. No lo quiero ni pensar porque para mí es impensable. No me puedo imaginar lo que sería la vida de mi hija Lucía en un colegio ordinario. Ella ahora está en un aula con otros cinco niños que están atendidos por un equipo en el que está una fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional, una logopeda y una psicóloga. Es un grupo de profesionales que trabajan con un programa adaptado para ella en función de sus objetivos. Hay que tener en cuenta que sus objetivos son básicos. No estamos hablando de estudiar las integrales de matemáticas, sino tratar de comunicarnos con ella de alguna forma.

La palabra integración suena muy bonita pero integrar a Lucía en una clase con su hermana, con la que se lleva un año, implicaría aparcarla y no dejaría a los otros niños continuar con la normalidad en la clase. Cualquiera que pase con Lucía media hora se daría cuenta de que esto es absolutamente inviable en su caso.

P. ¿Ha contado el Gobierno con las familias para tomar esta decisión?

R. En enero del 2019 salta por primera vez la noticia de que el Ministerio de Educación quiere hacer el traspaso de 35.000 niños que están en educación especial a educación ordinaria. Las familias nos asustamos mucho. Nos pusimos en marcha y organizamos un movimiento que culminó en una manifestación en febrero.

En ese momento se proponía el cierre de este tipo de colegios y luego el Gobierno cambió la palabra. De cierre se pasó a traspaso.

Nosotros pedimos que se elimine un párrafo concreto de la ley que deja la puerta abierta para que esto sea un coladero de niños que tendrán que pasar de educación especial a ordinaria. Ese párrafo habla de nuestros casos. Aunque hablen de traspaso, sigue siendo lo mismo.

El Ministerio de Educación ha establecido que casos muy extremos tengan una educación especializada, pero eso ya ocurre. El 83% de los niños con discapacidad ya van a colegios de educación ordinaria y sólo el 17% a especial.

P. ¿En qué ha afectado que esta reforma se prepare en pleno estado de alarma?

R. Ahora finalizaba el proceso de presentación de enmiendas y pensábamos que se iba a suspender. Sin embargo, han aprovechado muy bien la situación porque no podemos salir a manifestarnos, como hicimos en febrero. Es muy difícil hacer ruido en este momento.

P. ¿Cuál es el motivo del Gobierno para lanzar esta reforma?

R. Hay un tema ideológico por detrás. Se piensa que la supuesta inclusión sólo se consigue si integras y mezclas a las personas con discapacidad en la sociedad. Los primeros que consideramos vital la inclusión de nuestros hijos en la sociedad somos sus padres. Para mí no hay un deseo mayor que esto, pero para mi hija Lucía la forma de incluirse es recibir una formación muy especializada que le permita eso en algún momento.

Se han querido apropiar del término de la inclusión y creen que la única manera es integrar a estos niños en las escuelas ordinarias.

P. ¿Qué opciones os quedan ahora para luchar?

R. Hemos conseguido que se amplíe el plazo de presentación de enmiendas en una semana. Estamos hablando con todos los partidos políticos. Esto no es un asunto político. Nosotros no estamos afiliados a ningún partido político, lo estamos a nuestros hijos y sus necesidades.

Por lo tanto, hemos presentado nuestra propuesta de enmiendas a todos los partidos políticos. Pedimos que se eliminen los párrafos que nos afectan. Si eso no ocurre, cuando se inicie todo el proceso de debate parlamentario, saldremos a las calles con nuestros hijos.