El ‘hotel okupa’ de Madrid ya acumula 130 denuncias por allanamiento, tráfico de drogas y homicidios

• Ángel Moya @AngelMoyatv
• Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018, también colaboro en televisión y en radio.
• • 11/02/2025 19:10
  • Actualizado: 11/02/2025 19:15

Iba a ser la Villa Olímpica de Madrid y ha acabado como el «hotel okupa» de San Blas. La mitad de las viviendas del complejo Aragon Suites están okupadas, en total la Policía contabiliza 140 viviendas tomadas por los okupas en la misma urbanización que ya acumulan más de 130 denuncias por allanamientos de morada, usurpaciones de vivienda, tráfico de drogas, peleas, incendios y homicidios. Ahora la Policía ha pedido a la Fiscalía de Madrid que solicite la reagrupación inmediata de todos los expedientes de desahucio para desalojar cuanto antes este foco okupa de inseguridad en la calle Lola Flores 3 de Madrid.

Las viviendas se encuentran el distrito de San Blas y están embargadas desde 2015 a uno de los mayores morosos con el fisco. El propietario quebró, se desentendió de los pisos y Hacienda los embargó. Desde entonces Hacienda no ha ejecutado el embargo y ha permitido que decenas de esos apartamentos de la misma urbanización fueran presa de okupas y de saqueadores.

Desde entonces se han registrado tres víctimas mortales en incendios y peleas, y decenas de incidentes más hasta sobrepasar las 130 denuncias. La Policía Nacional y la Policía Municipal tienen un dispositivo permanente de vigilancia en la zona e identifican a cualquiera que entre o salga del «hotel okupa». Se ha detectado la presencia de pandilleros de bandas latinas y se sabe que una mafia okupa está detrás de muchas de las usurpaciones de viviendas del llamado ‘hotel okupa’.

Tres semanas después del último crimen, el pasado mes de enero, se aprecian a simple vista tres bloques de apartamentos de lujo saqueados y tomados por decenas de okupas, jardines con escombros y basuras, ventanas a las que arrancaron los marcos para venderlos, enganches ilegales de luz y cables pelados.

En la actualidad, confirma el administrador de la propiedad, el empresario dueño de las viviendas Rafael Gómez Arribas se ha desentendido por completo de todos los apartamentos, los okupados y los que eran inquilinos legales, cortándoles la luz a todos, incluidos los que se mantenían al corriente de pago.

Okupas por nacionalidades

Los inquilinos legales no han vuelto a conseguir contactar con la empresa y de los cuatro bloques de apartamentos, sólo uno se mantiene en pie con dignidad: el de los que pagaban el alquiler hasta que les cortaron la luz hace unos meses. Los otros tres bloques han sido tomados por los okupas, en uno predominan los de origen latinoamericano, en otro los africanos y en el tercero los de origen español. Además, el empresario debe a la comunidad, constituida por los propietarios de los solares cercanos, más de 200.000 euros en mensualidades.

El desalojo todavía se complica más porque desde 2015, decenas de apartamentos fueron poco a poco embargados por Hacienda para cobrar una deuda de 12 millones de euros del empresario. Poco a poco, la mayoría de los inquilinos se fueron marchando, mientras desaparecía el mantenimiento de los cuatro bloques de apartamentos turísticos, cayendo la urbanización en un abandono que rayaba la ruina.

Hacienda se desentiende

En todo este tiempo, más de ocho años, Hacienda no ha ejecutado el embargo, desentendiéndose de esos activos inmobiliarios, y los antiguos inquilinos han sido sustituidos por decenas de okupas.

Ahora,  los inquilinos se encuentran en una especie de limbo jurídico porque el propietario se ha desentendido de ellos y los okupas campan a sus anchas en 140 viviendas de la urbanización mientras Hacienda no termina de ejecutar los embargos. Una situación que supone un perjuicio para las arcas públicas y permite a los okupas continuar en el lugar al que acude continuamente la Policía para sofocar enfrentamientos y peleas.

El desalojo no llega y a pesar de los esfuerzos de la Policía por impulsar una actuación rápida y coordinada, la presencia de familias vulnerables en las vivienda okupadas ralentiza cualquier solución y deja en suspenso la situación de todos los inquilinos, legales y okupas, a merced de cualquier peligro.