El Sistema Nacional de Salud retiene diez fármacos contra el cáncer aprobados por la UE

Los pacientes españoles no pueden acceder a una decena de fármacos oncológicos a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento ha dado su autorización para que sean prescritos en los países comunitarios. La burocracia en el sistema de aprobación español, junto con las restricciones presupuestarias, provocan que estos medicamentos estén retenidos durante meses y, en algunos casos, son rechazados para su implantación en los centros públicos.

Según informa la Fundación para la Excelencia y la Calidad en la Oncología, la Unión Europea estipula que el intervalo de tiempo que debe pasar entre la autorización de la comercialización y el uso efectivo por parte de los pacientes a fármacos se debe situar en el entorno de los 80 días. Sin embargo, la media europea es de 128 días y, en el caso de España, supera los 600 días (20 meses). En algunos casos, como en el fármaco Arzerra, el retraso ha sido de 40 meses.

Por ello, existen varios medicamentos oncológicos que, a pesar de disponer de la autorización europea, todavía no han llegado a los enfermos españoles. Según ha podido saber Okdiario se trata de Tylvant, Zydelig, Imbruvica, Vargatef, Lynparza, Cyramza, Cometriq, Zykadia, Opdivo y Keytruda. Todos ellos tienen el visto bueno de Bruselas, pero no pueden ser prescritos en los hospitales españoles.

Y es que el tiempo es un factor vital cuando hablamos de esta enfermedad. Según un estudio presentado en la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón, celebrada hace tres semanas en Chicago (EEUU), se pierden 29 días de esperanza de vida en los enfermos de cáncer por cada hora de retraso en la autorización de la terapia. En España, la espera de 600 días provocaría la reducción de 1.100 años de la esperanza de vida de los enfermos en términos globales.

Sanidad, Hacienda, laboratorios… y CCAA

Los pacientes denuncian que este retraso tiene muchos responsables.  Una vez que la UE autoriza un medicamento se inicia un proceso en el que el ministerio de Sanidad realiza informes de posicionamiento terapéuticos junto con la Agencia Española del Medicamento. Después una comisión interministerial (en la que participa Hacienda) determina el precio negociando con los laboratorios y una vez que está autorizado por parte del Estado llegan los problemas competenciales con las comunidades autónomas.

La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, denuncia que “los informes de posicionamiento terapéuticos del Estado, aunque en teoría son vinculantes, la realidad es que luego los gobiernos autonómicos realizan una estudio posterior”, lo que “retrasa la aprobación de los fármacos y, en algunos casos, incluso no los autoriza”. Barragán denuncia que hay 22 agencias evaluadoras, superando el número de comunidades autónomas “que lo que realmente hacen es recortar las tipologías de casos en los que pueden ser prescritos los medicamentos, con el objeto de ahorrarse costes”.

Además, la presidenta de GEPAC denuncia que no todos los centros sanitarios incluyen los medicamentos oncológicos una vez que son aprobados por las comunidades autónomas. “Los 896 hospitales públicos tienen cada uno una comisión de farmacia que decide si se receta o no se receta un medicamento concreto”, lo que provoca que “el tratamiento contra el cáncer sea una lotería en función del código postal en el que vivas”.

La crisis, causa del aumento de los retrasos

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) coincide con este análisis. Las fuentes consultadas confirman que existe desigualdad entre los ciudadanos de diferentes regiones a la hora de acceder a los medicamentos contra el cáncer. “En los últimos años se ha hecho más patente, ya que antes de la crisis estábamos en la media europea en cuanto a plazos de aprobación, pero ahora los superamos con creces”.

El ministerio de Sanidad manifiesta la importancia de cumplir con todos los requisitos médicos, legales y económicos a la hora de autorizar la implantación de un determinado fármaco en el Sistema Nacional de Salud. Las fuentes del departamento que dirige Alfonso Alonso explican que uno de los aspectos clave a la hora de decidir si se incorpora un medicamento contra el cáncer es determinar si hay otro que cumpla el mismo cometido y que ya se incluya en los servicios públicos sanitarios.

La preocupación por el retraso en la llegada de los fármacos oncológicos a los pacientes no es algo exclusivo de los pacientes y los laboratorios. La oficina del Defensor del Pueblo inició el pasado año una actuación de oficio para investigar la causa de los mismos. La mayor parte de las quejas que recibe esta institución es por los problemas en las administraciones sanitarias autonómicas. No se puede olvidar que las competencias en esta materia están transferidas a los gobiernos regionales, aunque la Ley prohíba la discriminación por razón de residencia.