El inicio de 2017 es la peor racha de violencia machista en una década en España

El año 2017 ha empezado trágico en violencia machista. Un total de 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en los primeros 53 días del año, lo que convierte este inicio de año en el peor periodo en violencia de género de la última década.

Esta lacra ha costado, además, la vida a un bebé, cuyo padre se arrojó con él en brazos por una ventana de un hospital madrileño con el único fin de hacer daño a su madre, y ha dejado otros cinco menores huérfanos.

El 80% de las mujeres asesinadas este año tenía una relación sentimental con su asesino, tres habían presentado denuncia y otras dos tenían órdenes de alejamiento, aunque estas medidas no sirvieron para garantizar su seguridad.

Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ángeles Carmona, «todos los asesinatos son un fallo del sistema».

Fallos del sistema que se traducen, si hay denuncia previa, en que alguien en algún momento «ha cometido un error» durante el procedimiento, ha advertido, y si no hay denuncia previa, en que no se ha «sabido trasladar a la mujer y a la sociedad el riesgo que puede entrañar estar inmerso en el círculo de la violencia».

La única forma de combatir la violencia machista es que la sociedad diga no, ha subrayado: «Cualquier persona que tenga conocimiento, que vea, que oiga que una mujer está sufriendo violencia de género tiene la obligación de comunicarlo a las autoridades», porque sólo denunciando se puede poner en marcha el mecanismo de protección de la víctima y su entorno.

Mientras, para la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha llegado el momento de articular campañas publicitarias y de sensibilización para que las mujeres identifiquen situaciones de riesgo, porque «no solamente necesitamos la intervención de la policía».

«Muchas mujeres que ni tan siquiera han puesto denuncia tienen que saber identificar que están en riesgo cuando hay determinados comportamientos de sus parejas o ex parejas; por ejemplo, en situaciones de separación o divorcio», ha añadido y ha insistido en la necesidad de reforzar los sistemas de valoración del peligro.

Por su parte, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, cree que el fallo radica en que «la sociedad tiene interiorizado que la violencia de género es algo inevitable y van calando viejos discursos y falsos mitos, como que las mujeres son unas exageradas y los desprotegidos son los propios hombres».

«Los datos nos dicen que, cuando se baja la guardia y se conocen fallos del sistema, como en la protección de una víctima, la mujeres desconfían, no denuncian y todavía se duda más de su credibilidad», explica la letrada a Efe, que alerta de un aumento de las denuncias de agresión cruzadas entre el hombre y la mujer.

En estos casos, «es más complejo aclarar lo sucedido; es un delito en el que la prueba es muy complicada y muy difícil. A veces es la palabra del maltratador y la de la víctima».

Abandono de la víctima e impunidad del agresor

Unas circunstancias que refuerzan la sensación de abandono y desconfianza en el sistema de las maltratadas y el «ideario de impunidad» de los agresores.

Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, advierte del incremento del número de archivos y de sobreseimientos, de denegaciones de órdenes de protección y de denuncias cruzadas, en las que «el maltratador denuncia que tiene arañazos o cualquier otra lesión» provocada por la mujer mientras intentaba defenderse, relata.

En su opinión, existen dos problemas a combatir: el silencio de las víctimas que no denuncian, que son difíciles de proteger y a las que hay que generar confianza; y las que han denunciado pero ha habido errores en su protección, por lo que se les debe reparar el daño. De hecho, 16 de las 44 víctimas mortales contabilizadas en 2016 habían denunciado, pero no les protegió el sistema, recuerda.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, cree esencial que todos los jueces reciban formación sobre violencia machista, porque así no se pone en evidencia la credibilidad de las víctimas, «pensando muchas veces que mienten».

Eso es, precisamente, lo que este jueves va a reclamar en la subcomisión parlamentaria para alcanzar un pacto de Estado contra el «terrorismo machista», que espera no sirva para «cargarse» la Ley Integral que se aprobó en 2004 y de la que «sólo se ha desarrollado un 40%».

Por ello, va a proponer que «se lleve hasta sus últimas consecuencias» esta ley, dada la «vocación» de transformación que tiene esta normativa. «Si no cambias la sociedad hacia la igualdad indubitada entre hombre y mujer, no va a cambiar nada. Ni con esta ley ni con otras veinte», avisa.