Casi 2.000 psicólogos y psiquiatras sobre la ‘La Manada’: «Sin escapatoria es común la inmovilización»

Casi 2.000 psicólogos y psiquiatras han suscrito una carta abierta dirigida al Ministerio de Justicia, y difundida por redes sociales, en la que manifiestan su «profundo y enérgico» rechazo a la sentencia de ‘La Manada’, que atribuyen a la cultura del patriarcado y piden formación y educación en materia de género.

«De acuerdo a la Teoría Polivagal de Porges, ante una situación de amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, es común una respuesta de inmovilización cuando no es posible huir ni escapar», explican para después relatar con términos científicos la reacción del organismo ante estas situaciones.

Se trata, según señalan, de una forma rápida de reacción del sistema nervioso para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante cuando no es posible huir ni escapar.

«Por tanto, en una situación así, no tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento o la resistencia, ya que esta capacidad estará anulada dada la magnitud de la amenaza», describen para añadir que esta teoría ha sido demostrada científicamente y avalada por profesionales especialistas en trauma y de alto prestigio a nivel internacional como lo son Stephen Porges, Daniel Siegel, Pat Ogden y Bessel Van der Kolk, entre otras personas.

Igualmente, aseguran que tampoco hay lugar para preguntarle a la víctima ni es determinante el hecho de que tuviera respuesta sexual, pues en esos momentos el organismo genera sustancias para producir una analgesia frente al dolor, estando disociada e inmovilizada.

También piden que se apoye y no se cuestione la capacidad de resilencia —sobreponerse a la adversidad— de una víctima. «Lo contrario sólo sirve para seguir agrediéndola e, incluso, contribuir a su retraumatización», enfatizan.

Por otro lado, en el escrito se pone en cuestión el «excesivo peso» del debate en torno a la víctima y entiende que el patriarcado, como sistema cultural y de valores, constituye un marco interpretativo en el que se debe inscribir «tanto la propia agresión como las leyes que rigen la justicia, así como la actuación de profesionales que la aplican».

«En una sociedad es responsabilidad de todas y todos, desde policía a profesionales de la judicatura, actuar con profesionalidad, objetividad y ética, sin cuestionar situaciones de violencia probada ni confundirlas con jolgorios, ya que conforma un caldo de cultivo para la violencia, que aquí denunciamos», advierten ante lo que entienden como la «cosificación» de la mujer.

Igualmente, alertan de los imaginarios colectivos que dominan la sociedad, conforme a los cuales está instaurado que las mujeres necesitan ser insistidas y aceptan el sexo aunque «en principio no quieran».

«Creemos que esta fantasía arraigada en nuestra cultura motiva gran parte de las preguntas de jueces y juezas en este tipo de procesos, cuestionando constantemente las reacciones de la víctima», añaden.

A su juicio, estas actuaciones sólo consiguen culpabilizar a la persona agredida, retraumatizarla y revictimizarla.

Por todo ello, consideran esencial que los informes periciales que se emitan en procesos como éste cuenten con el asesoramiento técnico de personas expertas y que los/as profesionales de la Justicia así como los Cuerpos de Seguridad del Estado, y en general todo el personal técnico implicado en este tipo de casos, reciba formación con perspectiva de género.

Finalmente, reclaman de forma urgente desde la infancia una educación sexual no patriarcal, con perspectiva de género, transversal y estructural.