El Ramón y Cajal niega que se maquillaran las listas: «Se actuó con criterios estrictamente clínicos»
Una vez que un paciente es clasificado como preferente, debe ser intervenido en un plazo máximo de 90 días
La polémica por las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid suma ahora una nueva versión. Basilio de la Torre, jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro, sostiene que sus instrucciones no tenían como objetivo alterar o maquillar las listas, sino corregir y garantizar que la clasificación de los pacientes respondiera exclusivamente a criterios clínicos.
De esta forma, responde así de la Torre, tras haber publicado este periódico que el médico que ha acusado a la Comunidad de Madrid de maquillar las listas de espera del hospital público Ramón y Cajal está encausado por destrozar el coche de su superior, precisamente del jefe de servicio, Basilio José de la Torre.
La explicación llega inmediatamente después de que estallara esta polémica y donde se ha cuestionado el funcionamiento de las listas de espera del hospital. Según esa denuncia, 57 pacientes habrían visto modificada su prioridad quirúrgica, algo que en ningún caso se corresponde con lo explicado por el jefe del servicio.
De la Torre ofrece ahora su versión de los hechos en un escrito fechado este 17 de septiembre. En él asegura que fue precisamente él quien detectó una irregularidad: pacientes que, por su situación clínica, debían tener una prioridad normal estaban siendo registrados como preferentes. Su indicación, explica, fue que los profesionales valorasen correctamente cada caso y que cualquier cambio de prioridad estuviera justificado exclusivamente por razones clínicas.
El jefe de servicio añade un segundo elemento que considera esencial para entender sus instrucciones. Una vez que un paciente es clasificado como preferente, debe ser intervenido en un plazo máximo de 90 días, de acuerdo con la normativa. De la Torre asegura que también constató que algunos pacientes que habían sido incluidos como preferentes estaban siendo operados después de ese plazo.
Así, según su explicación, el correo que ha quedado en el centro de la polémica no pretendía reducir artificialmente la gravedad de los pacientes, sino recordar a los profesionales que la clasificación debía hacerse correctamente y que las prioridades reconocidas debían cumplirse dentro de los plazos establecidos.
El asunto, sin embargo, llega en un momento de fuerte controversia política y sanitaria. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, anunció una investigación sobre lo ocurrido y ha defendido que no existe una manipulación de las listas.
Así, la carta de De la Torre introduce un elemento relevante en ese debate: sostiene que sus instrucciones respondían precisamente a la necesidad de utilizar correctamente las prioridades clínicas y evitar que un paciente catalogado como preferente superase el plazo máximo de 90 días.
Será la investigación abierta por la Comunidad la que deberá determinar si esas modificaciones respondieron a criterios asistenciales legítimos, como todo apunta.
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