Francia y Alemania alertan a España del coste sanitario de no diferenciar el cigarrillo de sus alternativas
El impacto económico positivo para España se situaría entre los 21.400 y los 31.000 millones, lo que equivale a hasta un 2,3% del PIB
Francia y Alemania ya pagan la factura de no diferenciar el cigarrillo de los productos sin humo: un nuevo estudio cifra en miles de millones el gasto desbocado que España aún puede evitar. El vertiginoso incremento del gasto sanitario se ha convertido en uno de los mayores desafíos fiscales para los gobiernos de la Unión Europea.
La sostenibilidad de los sistemas de salud se ve amenazada por la elevada prevalencia de enfermedades crónicas prevenibles vinculadas al estilo de vida. En este sentido, un estudio publicado en Frontiers in Health Services aporta una respuesta desde la economía de la salud: el índice SCORE.
Este nuevo baremo demuestra que la clave no reside en aplicar prohibiciones uniformes, sino en diseñar regulaciones inteligentes y estrictamente proporcionales al riesgo real de cada producto. Esta conclusión cobra una urgencia inédita en un momento en que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea se encuentran en pleno proceso de revisión de sus directivas y leyes antitabaco.
En el caso del cigarrillo, al penalizar por igual a un producto de alta combustión que a sus alternativas de riesgo reducido como el vapeo o las bolsas de nicotina, las leyes bloquean el incentivo para que los consumidores migren de forma voluntaria hacia opciones con menor impacto biológico y ambiental.
España ante el reto del gasto sanitario y la exposición involuntaria
En el caso de España, este debate regulatorio cobra una urgencia especial. Con cerca de 9 millones de fumadores y un 30% de la población no fumadora expuesta habitualmente al humo de segunda mano en su día a día, el país enfrenta una importante carga de morbilidad prevenible.
En contraste, el potencial económico de corregir el rumbo normativo es gigantesco. Un estudio presentado por Foment del Treball pone cifras sobre la mesa: si la población fumadora sustituyera el cigarrillo convencional por alternativas de daño reducido, el impacto económico positivo para España se situaría entre los 21.400 y los 31.000 millones de euros, lo que equivale a hasta un 2,3% del PIB nacional.
Aplicar el modelo del índice SCORE al contexto español significaría pasar de un enfoque restrictivo uniforme a una estrategia de fiscalidad y normativa graduada por riesgo, incentivando la transición de los fumadores adultos hacia alternativas de menor impacto para proteger tanto a los no fumadores como las arcas públicas.
Regulación por riesgo
El aviso de nuestros vecinos: cuando la sobrerregulación se vuelve en contra
No hace falta mirar muy lejos para ver qué ocurre cuando un país no calibra su regulación por riesgo. Francia, con uno de los marcos más restrictivos de la UE, es hoy el mayor mercado ilícito de cigarrillos de Europa según KPMG: un 41% del consumo procede de canales ilegales. De hecho, el propio índice SCORE sitúa a Francia entre los países con más ahorro sanitario sin explotar de todo el continente, precisamente por no diferenciar bien el cigarrillo combustible del vapeo.
Alemania repite el patrón. Casi uno de cada tres cigarrillos que se fuman en el país ya vienen de fuera sin pagar impuestos, según KPMG, y también encabeza la lista de países con más gasto sanitario evitable por no calibrar su normativa de tabaco por riesgo.
El último ejemplo es Italia. Un estudio publicado en ScienceDirect estima que si el 50% de los fumadores pasase a productos de riesgo reducido (como vapeadores y tabaco calentado), el Servicio Nacional de Salud italiano ahorraría 722 millones de euros directos en gastos sanitarios.
El contraste lo pone el Reino Unido, que durante años ha sido la referencia europea justo por lo contrario: diferenciar con claridad el cigarrillo del resto de alternativas e incluso recomendar el vapeo entre fumadores. Y le ha funcionado, ya que su gasto sanitario ha crecido menos que en el resto de Europa. De hecho, una investigación de la Universidad de Brunel calcula que si el 50% de los fumadores ingleses se cambiara al vapeo, el sistema de salud pública (NHS) ahorraría más de 500 millones de libras al año (unos 583 millones de euros).
El aviso de SCORE está en que, si abandona ese modelo con la nueva prohibición generacional, podría acabar pagando la misma factura que hoy sufren Francia, Alemania o Italia.
No es sólo una cuestión de salud individual, es una herramienta fiscal de primer orden. Facilitar que los fumadores adultos pasen a productos mucho menos tóxicos alivia la carga hospitalaria a largo plazo. La alternativa, como ya sufren nuestros vecinos, es regalarle el control de la nicotina al mercado negro mientras se asfixian los presupuestos públicos de salud.
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