Expertos abogan por indexar los contratos públicos para garantizar el acceso a la tecnología sanitaria
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La industria farmacéutica tiene 8.000 medicamentos en investigación, el 10% para enfermedades raras
Expertos reunidos en la mesa redonda ‘Indexación de contratos de Tecnología Sanitaria’, organizada en el marco del 28º Congreso de Derecho Sanitario, organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario, y que ha contado con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), han abogado por indexar los contratos públicos para garantizar el acceso a la tecnología sanitaria.
«La falta de disponibilidad de materias primas y componentes, así como el impacto del incremento de los costes en la actividad del Sector de Tecnología Sanitaria, están poniendo en jaque a sistemas de salud y proveedores y comprometiendo la viabilidad de muchos contratos públicos, por lo cual se hace necesario la toma de medidas urgentes», ha dicho el director de Operaciones de Fenin y moderador de esta mesa redonda, Pablo Crespo.
Precisamente, los participantes en esta mesa han analizado la idoneidad de adoptar cambios legislativos que faciliten la flexibilización (incrementos o decrementos) de los precios de los contratos, con el fin de adecuarlos a las variaciones de costes que se produzcan (indexación).
La visión desde las administraciones ha sido aportada en este encuentro por la gerente de Compras del Instituto Catalán de la Salud, María Blanco Campanero, y el responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud, Vicente Fernández Gómez.
En este sentido, Blanco ha apuntado que la legislación nacional debería ser «modificada urgentemente» para que todas las comunidades autónomas pudieran hacer frente de manera «homogénea» a la situación «crítica» de precios que las empresas del sector están planteando debido al contexto económico global.
Por su parte, Fernández Gómez ha subrayado la importancia de una reflexión «profunda» en referencia a la indexación de los contratos públicos y, al igual que acontece con los contratos públicos de obras, deben valorarse medidas excepcionales que permitan afrontar con garantía, tanto a las instituciones sanitarias públicas como a las empresas, situaciones de incertidumbre como la actual.
Mientras, el socio del despacho Cuatrecasas y especialista en contratación pública en el ámbito sanitario, Jorge Robles González, ha llevado a cabo un análisis jurídico de la indexación de contratos públicos en España, así como de la normativa al respecto existente en otros países del entorno.
Como balance, Robles ha manifestado que la revisión de precios mediante indexación es una institución tradicional de nuestro derecho, fundamental en momentos de elevada inflación, tal y como están aplicando los países de nuestro entorno.
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