Dentro del mercado negro de tráfico de órganos: ofertas de 60.000 euros a perfiles vulnerables como Pablo Ojeda
El riñón es el órgano más implicado por dos razones: la alta demanda médica y la posibilidad de donación en vida
La afirmación del nutricionista Pablo Ojeda en el programa televisivo Ex. La vida después —»estuve a punto de vender un riñón; me ofrecieron 60.000 euros»— vuelve a colocar en el debate público una idea recurrente pero imprecisa: la existencia de un mercado de órganos con precios definidos. Sin embargo, la evidencia internacional muestra un fenómeno más complicado, desorganizado y difícil de seguir, donde no existe un mercado regulado, sino redes ilegales que actúan en diferentes niveles de explotación.
Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Europa y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) coinciden en una definición clave: el tráfico de órganos forma parte de la trata de seres humanos y no puede entenderse como una transacción económica convencional. Su magnitud exacta se desconoce, aunque las estimaciones más citadas en literatura académica sitúan entre el 5% y el 10% de los trasplantes renales globales como potencialmente ilegales o realizados fuera de sistemas regulados, como es el caso de España, donde no hay registro de denuncia alguna.
El riñón es el órgano más implicado por dos razones: la alta demanda médica y la posibilidad de donación en vida. Sin embargo, el funcionamiento del sistema dista de la lógica de un mercado.
Una cadena de intermediarios, no un intercambio directo
La evidencia judicial y los informes internacionales describen una estructura recurrente en tres niveles.
En el primer nivel se encuentran los intermediarios locales o «captadores», que identifican personas en situación de vulnerabilidad extrema: pobreza estructural, endeudamiento, migración irregular o exclusión social. Su función no es médica, sino de reclutamiento.
En un segundo nivel operan brokers internacionales o redes organizadas que coordinan logística, documentación y traslado. En algunos casos, estos actores están vinculados a clínicas privadas o estructuras sanitarias paralelas.
El tercer nivel lo conforman los receptores: pacientes con capacidad económica para pagar trasplantes fuera del circuito público o en países con controles sanitarios débiles. El contacto directo entre donante y receptor es excepcional.
Entre estos niveles, el dinero circula de forma opaca. Los informes disponibles muestran que el donante recibe una fracción del total pagado por el receptor, aunque esa proporción varía ampliamente según país, red y nivel de riesgo.
Rutas documentadas: de Asia a Europa del Este
El tráfico de órganos no sigue una única ruta global, pero sí patrones geográficos recurrentes.
En Asia del Sur, especialmente en Bangladesh y Pakistán, investigaciones académicas y policiales han documentado redes que conectan zonas rurales empobrecidas con clínicas privadas urbanas. En estos casos, los donantes suelen recibir pagos insuficientes para salir de la pobreza y, en ocasiones, asumen complicaciones médicas sin seguimiento posterior.
En India, aunque el país prohibió la compraventa de órganos en la década de los noventa, informes de ONG y autoridades sanitarias han detectado intentos recurrentes de reactivación de redes clandestinas mediante falsificación de parentescos o intermediación ilegal.
En Oriente Medio y África del Norte, informes de organizaciones de derechos humanos han señalado la vulnerabilidad de migrantes y refugiados como población especialmente expuesta a redes de captación, en particular en contextos de tránsito irregular.
En Europa del Este, el caso de Kosovo se convirtió en uno de los ejemplos más citados tras la investigación del Consejo de Europa desde 2010, que apuntó a la existencia de una red criminal organizada que operaba tras la guerra de los Balcanes. El informe describió una estructura transnacional con intermediarios en varios países.
Turismo de trasplantes: la zona gris del sistema global
Una parte del fenómeno se relaciona con el turismo de trasplantes, que se define en la Declaración de Estambul como el movimiento de pacientes que viajan a otros países para recibir órganos, especialmente en situaciones donde hay explotación del donante o se rompen las leyes.
Este circuito no es homogéneo. Incluye desde clínicas privadas en países con regulación débil hasta redes que operan en la clandestinidad total. La dificultad principal, según la OMS, es la falta de trazabilidad del origen del órgano y la fragmentación de jurisdicciones legales.
¿Por qué no existe un precio de este órgano, por ejemplo?
Uno de los errores más comunes en la discusión pública es asumir que existe un valor de mercado para un riñón, como es el caso de Ojeda, y que ha cifrado en 60.000 euros. La evidencia no respalda esta idea, ya que depende de muchos factores.
Las cifras que aparecen en testimonios, denuncias o relatos personales son altamente variables y no constituyen un estándar. Dependen de factores como el nivel de intermediación, el país de operación, el riesgo médico o la urgencia del receptor. En muchos casos judiciales, el dinero prometido al donante no coincide con el dinero finalmente recibido.
Por ello, organismos internacionales advierten contra la simplificación del fenómeno en términos económicos: no es un mercado, sino una cadena de explotación donde el valor se fragmenta y el beneficio se concentra en intermediarios.
El caso Ojeda: vulnerabilidad, no evidencia de mercado
Dicho esto, la declaración de Pablo Ojeda debe verse más como un testimonio sobre una situación personal extrema y como ha señalado tras una ludopatía que como indicio del funcionamiento real del tráfico de órganos en nuestro país, aunque pudiera referirse a otros casos internacionales.
Los especialistas en adicciones señalan que en fases de deterioro psicológico grave pueden aparecer decisiones o ideas que no responden a una evaluación realista del riesgo o las consecuencias. Esto no invalida el testimonio, pero sí su valor como evidencia estructural en España.
Un sistema sostenido por desigualdad
Más allá de los casos individuales, el consenso internacional es que el tráfico de órganos no puede entenderse sin su base estructural: la desigualdad global.
Donde el sistema sanitario no llega, donde la pobreza limita la supervivencia y donde la regulación es débil, aparecen redes que convierten esa vulnerabilidad en recurso. No se trata de un mercado con reglas, sino de una economía clandestina donde la falta de alternativas es el verdadero motor. De ahí surgió hace varios años el libro El V Mandamiento, donde se evidenciaba lo que aún late en sociedades más pobres del planeta.
Y en ese espacio, invisible y fragmentado, la idea de «precio» desaparece. Lo que queda no es una tarifa, sino una asimetría: entre quien puede esperar un órgano y quien siente que ya no puede esperar nada más.
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