Javier Cárdenas felicita a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por destapar y encontrar el «pufo» del Gobierno de 14 mil millones de euros cada año. Cárdenas no se explica que exista una escasísima evaluación de la transparencia de dónde va ese dinero o cómo se controla.
España destina un total de 14.000 millones de euros al año a subvenciones sin un control riguroso de su destino final ni un procedimiento sancionador en caso de que un uso irregular. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que los 14.000 millones de euros anuales que se conceden en subvenciones en España están sujetos a controles de legalidad, pero no a rendición de cuentas ni a procedimientos sancionadores por mal uso.
La AIReF ha publicado este lunes el primer estudio dentro de su proceso de revisión del integral gasto público («Spending Review»), que está centrado en la planificación estratégica y los procedimientos en el ámbito de las subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones, que suponen un monto de 14.000 millones (de acuerdo con la base de datos nacional de subvenciones).
Fuentes de la AIReF han explicado que no cabe decir que exista «un descontrol» en las subvenciones, pero sí una falta de estrategia, de transparencia y de trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos, puesto que es imposible hacer el «recorrido» desde que la subvención sale de una administración pública hasta que llega al beneficiario.
Las mismas fuentes han explicado que este estudio concreto sobre subvenciones les ha permitido detectar una falta de estrategia en la definición de todas las políticas públicas, ante lo que la AIReF vuelve a insistir en la necesidad de una programación presupuestaria de medio plazo mejor coordinada entre todas las administraciones.
Por esta razón, el organismo propone crear un nuevo marco de planificación estratégica y presupuestaria con indicadores de resultados, dentro de un proceso de fomento activo de una cultura de evaluación de políticas públicas y el incremento de la transparencia para favorecer la rendición de cuentas.
