La UE estrecha el cerco sobre el socio de Begoña Gómez

Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, tuvo que certificar por escrito a la Unión Europea que no había obtenido ventaja o trato de favor a la hora de conseguir los contratos con Red.es financiados con fondos europeos. Se le olvidó hacer mención a las dos cartas de recomendación que en favor de su empresa envió la esposa del presidente del Gobierno y se limitó a cumplir los trámites como si tal cosa, sin reparar en que el dinero obtenido gracias al contrato que obtuvo de Red.es procedía de los fondos comunitarios, sometidos a una vigilancia mayor que conlleva una burocracia extra al tener que rellenar un formulario que en la práctica funciona como declaración jurada por parte de adjudicatario y adjudicador para certificar que todo se ha hecho conforme a la ley. O sea, que no ha habido corrupción.

A tenor de las informaciones que hemos venido conociendo en las últimas semanas, parece que las empresas del socio de Begoña Gómez  pudieron recibir un evidente trato de favor. La UE le preguntó a Barrabés si había «intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora, obtener información confidencial, que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratación o proporcionar por negligencia información engañosa que pueda tener una influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, selección o adjudicación».

El socio de la mujer del presidente marcó un no en la correspondiente casilla y ancha es Castilla. El problema puede venirle ahora, porque la Fiscalía Europea ha pedido los contratos del Gobierno de España con la consultora de Juan Carlos Barrabés. 

No hay que ser muy sagaz para concluir que el empresario afín a Begoña Gómez pudo cometer -presuntamente- un delito de perjurio, que es aquel que comete una persona que jura, afirma, testifica, declara, depone o certifica que algo es cierto cuando no lo es.