Sí. Por traición

‘Traición’ es una de las palabras que fonéticamente provoca un rechazo con efecto lapidario. No es ninguna novedad que, conocedores de su poder, en política se utiliza con una ligereza casi insultante para calificar cualquier discrepancia política. Por eso conviene recuperar el significado de la palabra con la seriedad que exige, y no como un insulto, sino como una cuestión que, cuando concurren determinados hechos, puede tener consecuencias penales.

En una democracia, ni el presidente del Gobierno está por encima de la ley ni la palabra ‘traición’ deja de existir porque quien pueda incurrir en ella ocupe el poder. La historia de las democracias occidentales así lo demuestra.

En 1945, Francia juzgó a Philippe Pétain, jefe del Estado francés durante el régimen de Vichy. La Haute Cour de Justice lo declaró culpable de inteligencia con el enemigo y alta traición. Fue condenado a muerte, aunque Charles de Gaulle conmutó posteriormente la pena por cadena perpetua.

Pétain no fue juzgado por ser impopular ni por haber tomado decisiones políticas discutibles. Fue juzgado por su actuación frente a una potencia extranjera y por considerar la justicia francesa que había vulnerado gravemente los intereses de Francia. Tal cual.

El caso de Vidkun Quisling es todavía más conocido. El dirigente noruego colaboró con la Alemania nazi durante la ocupación y encabezó un gobierno sostenido por los ocupantes. Tras la guerra fue juzgado por alta traición y ejecutado.

Aaron Burr había sido vicepresidente de Estados Unidos y fue acusado de traición por sus actividades relacionadas con la creación de un territorio independiente. Fue juzgado en uno de los procesos constitucionales más importantes de la historia estadounidense.

Condenados o absueltos, lo cierto es que en ninguno de esos casos se consideró que el cargo hiciera innecesaria la investigación. El poder político no convierte la colaboración con una potencia extranjera en una conducta inmune a la responsabilidad.

Pero volvamos la mirada al caso que nos ocupa, que no es otro que España, Ceuta y el presidente del Gobierno, cuyo comportamiento convierte lo ocurrido en el territorio caballa en algo mucho más serio que una polémica política.

Durante los primeros días, el Gobierno sostuvo una versión que evitaba atribuir a Marruecos un papel determinante en lo ocurrido. La cooperación con Rabat era presentada como un elemento esencial y las acusaciones sobre una posible participación marroquí eran recibidas con cautela o directamente negadas.

Pero entonces apareció el incómodo informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, elaborado en el marco de unas diligencias judiciales destinadas a determinar qué ocurrió y remitido a la Audiencia Nacional. En él se describe la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio como una acción planificada y no espontánea, situando entre quienes participaron en su organización y ejecución a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes. El documento señala además que la actuación de las fuerzas marroquíes fue, cuando menos, de una «total permisividad».

Mientras ese informe señalaba la existencia de una acción planificada y la participación o permisividad de agentes marroquíes, el director general de la Policía comunicaba al ministro del Interior que no existía ningún informe policial que atribuyera a Marruecos la planificación o ejecución de los hechos.

Cuanto menos sospechoso, porque la versión oficial no coincidía con lo que los investigadores estaban trasladando a la Justicia. Y cuanto menos justo, la exigencia de pedir explicaciones, dado el coqueteo de los hechos con lo condenable por traición. Desde aquí, afirmar que determinados hechos deben poder ser examinados a la luz de los delitos contra la seguridad del Estado es perfectamente legítimo.

El artículo 581 del Código Penal castiga al español que induzca a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concierte con ella para ese fin. El artículo 582 contempla, entre otras conductas, facilitar al enemigo la entrada en España o la toma de una plaza. Y el artículo 584 castiga a quien, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, obtenga, falsee, inutilice o revele determinada información clasificada susceptible de perjudicar la seguridad o defensa nacional.

Por su parte, el artículo 102.2 de la Constitución regula expresamente el procedimiento para exigir responsabilidad criminal al presidente y a los demás miembros del Gobierno cuando la acusación sea por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa debe partir de una cuarta parte de los miembros del Congreso y ser aprobada por mayoría absoluta. Sólo plantear la cuestión no es antidemocrático, pero sí lo sería considerar que el poder político tiene zonas de inmunidad frente a la ley.

Y si una investigación independiente demuestra que existió una colaboración consciente con una potencia extranjera para facilitar una actuación contraria a la seguridad o integridad territorial española, no habría por qué descartar exigir responsabilidad por traición por el simple hecho de que se trate del presidente.

Al igual que Pétain no dejó de ser responsable porque fuera jefe del Estado francés y Quisling no dejó de ser responsable porque encabezara un Gobierno, Sánchez tampoco puede quedar, por definición, fuera de cualquier escrutinio. Ese es precisamente el valor de la democracia.

VOX ha decidido llevar la acusación al terreno de la responsabilidad política y jurídica y obligar al resto de partidos a posicionarse. Abascal ha reclamado que los diputados se pronuncien sobre la posibilidad de acusar al Gobierno de traición, defendiendo que los parlamentarios también tienen una responsabilidad política, aunque los jueces deban determinar posteriormente las responsabilidades penales.

Sólo cabe esperar que no hayamos llegado al punto en el que el poder decide quién puede ser investigado y por qué. Ningún cargo público está por encima de la ley y el del jefe del Gobierno, tampoco.

Y si lo ocurrido en Ceuta responde a algo más grave que un fracaso de gestión, habrá que determinar hasta dónde llega esa responsabilidad, pues si la palabra ‘traición’ existe en nuestro ordenamiento, debe existir para todos.