Sánchez quiere pagar la deuda de Cataluña con las pensiones de los madrileños

El plan desvelado por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de aprovechar la reforma del sistema de financiación autonómico para condonar la mayor parte de la deuda de Cataluña, que asciende a 85.000 millones de euros, supone el mayor atentado a la cohesión territorial de la historia de la democracia española. Porque esos 70.000 millones de euros que para garantizarse su continuidad en La Moncloa pretende regalarles Pedro Sánchez a los golpistas catalanes equivalen, por ejemplo, a las pensiones que reciben los madrileños durante más de tres años.

Estamos ante un golpe al Estado de dimensiones colosales que representa un descomunal agravio a las comunidades que han sido más responsables en el control del gasto público y un inmerecido premio a quienes han dilapidado los recursos de todos los españoles en estrategias orientadas a romper con España. Lo que pretende Pedro Sánchez es castigar a los territorios cumplidores para garantizarse los votos de los separatistas catalanes, que se han dedicado en los últimos años a construir la «república de Cataluña» derrochando miles de millones de euros en delirantes proyectos que tendrían que sufragar todos los españoles. No es posible que el precio para que Pedro Sánchez siga en el Gobierno sea a costa de los derechos de los españoles. Eso es una infamia intolerable ante la que deben hacer frente las comunidades gobernadas por el PP y también las del PSOE. Ayuso ya ha denunciado la maniobra socialista y lo ha hecho con una contundencia que debería ser la que guiara la respuesta de otros territorios. No es tolerable poner España en venta para pagar la deuda de los separatistas. Si al final este es el regalo de Pedro Sánchez para garantizarse el voto de los sediciosos estaríamos ante la quiebra definitiva del modelo de financiación autonómica, que es tanto como la quiebra del modelo territorial del Estado previsto en la Constitución.