Recordatorio contra la banalización del aborto

«En el terreno del aborto hay gente que piensa que cuando una cosa es legal ya no hay nada moral ni éticamente que discutir sobre ella. Y eso es completamente absurdo. Una cosa es que uno cumpla las leyes, porque de alguna manera agavillan a personas con morales diferentes y otra cosa es que tú obligatoriamente tengas que renunciar a tu moral y decir que lo que dice la ley está bien. Yo creo que hay que razonar. Si hay alguien que cree que abortar no es un problema moral, se equivoca. Es un problema moral, lo que no tiene por qué ser es un problema penal, o legal. Yo lo que creo es que legalmente debe haber la posibilidad de un acuerdo. Yo podría decir dónde sitúo yo los valores, pero usted podría decirme que conoce a otro señor que los sitúa en otro sitio, y tendría razón. No, el problema es que tenemos que situarlos, para que sean colectivamente aceptables, en un punto que decidamos; y luego moralmente cada persona tendrá que enfrentarse con el dilema. Yo creo que es muestra de salud moral el que una persona dude antes de abortar, aunque el feto tenga una semana».
Fernando Savater

Al hilo de esta reflexión quiero hacer unas apreciaciones sobre la ley del aborto de Zapatero, aprobada en 2010 y cuyo recurso de inconstitucionalidad ha sido rechazado por el Pleno del Tribunal Constitucional sin que conozcamos aún los «argumentos» legales y constitucionales en los que se basa la refutación.

Esa ley supone una egresión de las libertades públicas, pues no corresponde al Gobierno ni al Parlamento, sino a la Constitución dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos. Instituir de algún modo en una ley –y en todo el discurso político que la acompaña y avala- el «derecho al aborto» en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos, otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos, y, por tanto, de quitarlos, completamente impropia de la democracia.

Si el legislador aprueba una norma en función de la cual la interrupción libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo: es la libre decisión de una mujer libre. En cambio, regular como un derecho positivo la interrupción del embarazo en plazos o supuestos conlleva asumir que son el Gobierno y el Parlamento quienes dan y quitan libertades y regulan o suspenden derechos, lo que resulta ser una concepción intervencionista y, en el fondo, autoritaria, que obviamente no podemos compartir. Otra consecuencia perversa es que al plantear el aborto como un «derecho produce el efecto de trivializar el acto de abortar», como si esa decisión no conllevara siempre una enorme carga emocional y pudiera plantearse como una medida anticonceptiva más.

Tras el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad planteado hace 13 años, la magistrada Inmaculada Montalbán ha sido encargada de redactar una ponencia en la que detalle los argumentos jurídicos para rebatir el recurso. Una magistrada que debiera de haberse abstenido en la votación de rechazo del recurso, pues era miembro del CGPJ cuando este emitió informe sobre la ley; como también debieron abstenerse Conde-Pumpido, que participó en la elaboración del informe que emitió en su día la Fiscalía, Juan Carlos Campo, que era secretario de Estado en el momento en el que se elaboró la ley y la magistrada Espejel, que estaba en las mismas circunstancias que Montalbán. No es aventurado suponer que la sentencia del TC, y, por tanto, la ley, terminarán en los tribunales europeos, no solo por el fondo sino también por la forma en la que el recurso ha sido abordado y resuelto por el Alto Tribunal de Garantías.

Conclusión: es constitucional, pero esta ley sigue siendo una barbaridad. Como lo son la ley del sólo si es si, la ley trans, la de la protección animal o las últimas reformas del Código Penal para eliminar delitos de sedición o proteger a quienes roban el dinero público. Todas estas normas forman parte de la estrategia iniciada por los socialistas en la etapa de Zapatero que ha sido acelerada por Sánchez y su cuadrilla para someter a los ciudadanos españoles con leyes ideológicas que resultan negativas desde el punto de vista del bien que se proclama proteger y que son chapuzas jurídicas que pretenden confrontar y dividir a la sociedad.

Negar nuestro consentimiento y denunciar sin descanso las tropelías es un derecho al que no renunciaremos jamás.