Razones para una huelga

Después de muchos años los jueces y magistrados de este país vuelven a la huelga. Y aunque algún lacayo mediático, dentro de óptica de faltar a la verdad que empieza a ser marca de la casa, diga que responde a interés corporativo, nuevamente persigue la defensa de intereses generales. El derecho constitucional de huelga se ejercita por lo común para reivindicar condiciones económicas, laborales o de respeto a derechos adquiridos. Muchos de los miembros del Poder Judicial que van a la huelga muy al contrario creen que su posición frente a las reformas legales descansa en evitar que se perjudiquen valores constitucionales tan fundamentales como la igualdad y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

En primer lugar, que la justicia necesite una reforma no se puede cuestionar, pero nunca hacerlo de manera atropellada y a impulso de un Ejecutivo que se ha dedicado a desprestigiar, censurar las diferentes actuaciones judiciales, desde el último juzgado de instancias hasta el propio Tribunal Supremo. Del Parlamento de la actual legislatura no sale una ley, y por el trámite de urgencia y sin ningún debate sereno se quiere dar un vuelco a la composición y estatuto del Poder Judicial. Las prisas son malas consejeras, y el procedimiento legislativo bueno es el de escrutinio y la enmienda.

En segundo término, desnaturalizar el sistema clásico de oposición para el acceso de la carrera judicial y fiscal no está justificado. Es el sistema más igualitario, socialmente justo, porque no se exige nada salvo una titulación y la superación objetiva de conocimientos que permite que cualquier aspirante con independencia de su extracto socioeconómico puede alcanzar la magistratura o la fiscalía. A los sociólogos a la violeta habría que pedirles que hagan un perfil familiar y de rentas de los diversos integrantes de estas carreras, porque se van a llevar una gran sorpresa. Querer desnudar de objetividades de las pruebas de acceso, y canalizar las mismas hacia un centro de aspirantes que dependan del Gobierno, solo puede buscar controlar el sesgo ideológico y perfil de los futuros jueces y fiscales.

Como tercer planteamiento debe considerarse que el proceso de regularización de los jueces y fiscales sustitutos vulnera el principio de mérito y capacidad que regula en nuestra Constitución el acceso a la función pública. Se aparta de las exigencias de la Unión Europea, y perjudica directamente a los ciudadanos que disciplinadamente han seguido el actual proceso de oposición o concursos para dicho acceso. En el caos no hay error parece contar la nueva ley.

No menos importante, y en cuarto lugar, llama la atención un estatuto orgánico del ministerio fiscal que incide más aún en las prerrogativas del Fiscal General del Estado. No hablaremos de la figura del actual titular, pero sí del hecho que cualquiera que óbstente el cargo podrá prácticamente manejar la fiscalía con jerarquía cuasi militar, obstaculizando las posibilidades de autonomía razonada y legal que hoy poseen los fiscales. El principio de unidad de actuación acabará transformándose en orden jerárquica. Y todo ello contextualizado con la polémica atribución de la investigación de los delitos y dirección única de la Policía Judicial por parte del Ministerio Público.

No sabemos si esto puede ser fantasía, pero con semejante esquema normativo, cualquier político podría tener la tentación de controlar todas y cada una de las causas judiciales que pudieran afectar hipotéticamente a su entorno o a su gestión. ¿Seremos entonces todos iguales ante la ley?. ¿ Estará cualquier ciudadano expuesto cuando no le guste al gobernante de turno a la arbitrariedad posible?. ¿ Hay razones para una huelga?.