¿Por qué no hay humanidad para Zaplana?

Dirigentes políticos de distinto signo, entre los que se encuentran Pablo Iglesias, Arnaldo Otegi y Ximo Puig, han respaldado la petición del PP para que Eduardo Zaplana sea excarcelado y pueda ser tratado médicamente en el hospital o en su casa acompañado de su familia y no como un perro abandonado, que es como lo tiene ahora la justicia española. El exministro encarcelado, que aún no ha sido condenado, se encuentra en prisión preventiva incondicional y sin fianza desde hace casi ocho meses por unos hechos que llevan investigándose en secreto desde el año 2015. Las peticiones de humanidad se basan en que Zaplana está gravemente enfermo de leucemia, una dolencia por la cual el ex dirigente popular fue sometido a un trasplante de médula y de la que recientemente ha sufrido un importante empeoramiento debido a una infección por rechazo del trasplante. Su estado de salud es tal, que incluso hace unos días llegó a publicarse que había fallecido, siendo este extremo desmentido por sus familiares.

A Zaplana se le investiga por su presunta implicación en los delitos de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo de capitales en relación con el cobro –a través de testaferros– de comisiones presuntamente pagadas por la empresa Sedesa por adjudicaciones públicas realizadas hace más de 15 años. La prisión preventiva es una medida excepcional que nuestro ordenamiento jurídico contempla solamente para los casos en que exista posibilidad de reiteración delictiva, destrucción de pruebas o cuando se da un manifiesto riesgo de fuga. En el caso de Zaplana la Fiscalía se opone a que la tortura a la que el investigado está siendo sometido sea sustituida por un régimen de libertad vigilada porque cree –y así lo ha manifestado– que aún no se han incautado todos los bienes que el ex presidente de la Generalitat Valenciana podría tener en el extranjero. De este modo, siempre según la posición de la magistrada y la Fiscalía, se evitaría que pudiera fugarse a algún país sin tratado de extradicción.

Y esto, insisto, tras más de tres años de pesquisas secretas y más de siete meses de tener al investigado recluido. El término tortura que he usado anteriormente ha sido el mismo que ha usado el propio Zaplana para calificar su situación, sobre todo cuando el ex ministro afirma que reza todos los días para morirse. No seré yo quien dude de la eficacia de la instrucción, sólo destaco que el popular no está libre pese a su grave enfermedad porque ésta no ha sido concluida. Recordemos, porque es conveniente hacerlo, la Fiscalía Anticorrupción de Valencia depende de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y ésta, a su vez, está integrada en el Ministerio Fiscal español, un organismo que pende de María José Segarra, la Fiscal General del Estado. Un cargo para el que fue designada el pasado 15 de junio por Pedro Sánchez a las dos semanas de ocupar La Moncloa. Se da la circunstancia de que, cuando en 2009 Segarra era fiscal jefe de Sevilla, el PP la acusó de tener guardadas en un cajón durante meses las grabaciones del caso Mercasevilla, hasta que una denuncia de los populares desatascó las pesquisas.

En el caso de Zaplana, que la Fiscalía terminara su trabajo o que, sin acabarlo, apoyara el arresto domiciliario del investigado, proponiendo todos los medios policiales que estimase convenientes para evitar que pueda fugarse un enfermo de leucemia en grave estado de salud, no implica directamente que la juez instructora vaya a respaldar esa medida, pero parece razonable pensar que así podría ser. Dios no quiera que se vuelva a repetir un caso como el de Rita Barberá y ojalá que Zaplana se recupere adecuadamente para enfrentarse en buenas condiciones de salud a un juicio que no debería demorarse mucho más. Pero si ocurriera otra desgracia como aquella todos nos preguntaremos, ¿por qué motivo no se le trató con humanidad?