Que Iglesias financie la renta mínima con su casoplón

Podemos vive en una realidad absolutamente paralela a la real. La última propuesta que la formación de Pablo Iglesias registró en el Congreso, antes de la disolución de las Cortes Generales, fue la de crear una renta mínima de entre 600 euros y 1.200 euros mensuales exenta “de controles y obligaciones invasivas y humillantes” para toda persona con ingresos reducidos. Pretenden, según el documento, “mejorar la garantía de suficiencia de ingresos de la población”, sin embargo, se trata de la medida menos social que los morados podrían siquiera plantear. De hacerse patente, si se abre la puerta a un pacto con el PSOE tras el 28-A y Podemos la pone como condición sine qua non, las arcas públicas se verían gravemente dañadas y España, tal y como se avecinan las previsiones económicas, no se lo podría permitir. Este 2019 la economía crecerá por debajo del 3%, el paro juvenil está en el 33% –el más alto de Europa– y, además, la deuda externa supera los 2 billones de euros, suma equivalente a casi un 167% de nuestro PIB.

Dicha medida costaría al Estado alrededor de 18.000 millones de euros anuales. Es decir, España tendría que endeudarse aún más si tuviera que abonar estas cuantías a todas las personas contempladas en este disparatado proyecto de renta mínima que, según Podemos, debe ser “lo más generosa posible” y compatible con otras prestaciones autonómicas. La economía española, al igual que la economía de naciones tan fuertes como Alemania o Francia, es vulnerable y debe centrarse en crear un modelo productivo basado en la innovación, la digitalización y la industria, no en un sistema económico de barra libre en subvenciones no supervisadas.

Hace apenas unos días, Irene Montero afirmaba que “este modelo económico es incompatible con la vida”. Sería una aseveración loable, desde luego, si no fuera porque Pablo Iglesias y la madre de sus hijos, la pareja suprema de Podemos, no hubieran traicionado todos los valores que siempre han defendido. Desde que los dirigentes podemitas accedieran a una hipoteca de más de 600.000 euros para comprarse su casoplón en Galapagar –valorado en el mercado en dos millones de euros–, y apuñalaran su propio argumentario, se ha abierto un abismo bajo el trono morado que les impide ética y moralmente proponer medidas sociales para proteger a los desfavorecidos. La realidad, y esto es lo único certero de este disparate, es que España no puede permitirse regalar el dinero de un sistema que aún no es todo lo productivo posible. No obstante, y si lo tienen a bien, siempre pueden vender su vivienda de más de 2.000 metros cuadrados y donarlos de manera desinteresada a su proyecto de renta mínima.