¿A qué espera el CGPJ para echarla?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no puede dejar pasar el caso de la magistrada María Antonia Coscollola. En la forma, acusa al Estado de practicar «la violencia punitiva» es apropiarse de lo más ponzoñoso del lenguaje propagandístico del movimiento independentista. En el fondo, deja sin investigar algo tan grave como el espionaje sin causa ni orden judicial de los Mossos, que actuaban como la Stasi de la RDA o como el KGB en la URSS. En definitiva, como la policía política de regímenes autoritarios. Prácticas de seguimiento que como hemos contado en OKDIARIO se repitieron con inaceptable asiduidad contra los políticos de los partidos constitucionalistas por el mero hecho de defender el Estado de Derecho y la legalidad vigente en la comunidad autónoma catalana.

Una de esas víctimas fue el entonces diputado regional del Partido Popular Sergio Santamaría, al que Coscollola ha dejado sin posibilidad de defensa a través de una argumentación que vuelve a incidir en la criminalización falaz, sesgada e interesada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —que simplemente fueron a Cataluña a garantizar la ley— como excusa para no investigar a fondo las irregularidades más que demostradas y demostrables de los Mossos dirigidos por Josep Lluís Trapero. Ahora cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial tome medidas y actúe contra esta juez dado su modo de proceder.

Una profesional así no puede seguir en la magistratura, ya que es una rémora para la independencia que se le presupone a la justicia en cualquier democracia que se precie de serlo. Mañana es tarde para que el CGPJ actúe. Deben ser diligentes y tomar medidas cuanto antes para que no les pase como en el caso del magistrado Ricardo González, que a pesar de ser expedientado siete veces y sancionado seis sigue aún en activo. Tanto permitió el CGPJ sus faltas de profesionalidad que al final ha acabado en escándalo al intentar absolver a los cinco miembros de ese grupo abyecto llamado La Manada con el agravante, además, de utilizar un lenguaje tan imparcial como el de la propia juez catalana. De ahí que la actuación institucional deba ser inminente y fulminante.