Pura represión lingüística

Las comunidades autónomas que tienen la suerte de contar con más de una lengua oficial deberían fomentarlas como elementos de integración entre sus ciudadanos y de riqueza cultural para la región. El aislamiento, la persecución o el menoscabo de cualquiera de ellas es propio de sociedades pequeñas y mentalidades represivas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue empeñada en hacer del español un estigma con tal de satisfacer las exigencias nacionalistas. Resulta incomprensible que desde el Ayuntamiento sólo envíen notificaciones oficiales en catalán a los vecinos cuando la última Encuesta Municipal de Servicios 2015 refleja que más de la mitad de los barceloneses, el 54,1%, utilizan el castellano mientras que un 41,6% el catalán. No obstante, la realidad va más allá de un tanto por ciento estático. El español es la segunda lengua más hablada del mundo y, por lo tanto, a ningún responsable político con un mínimo de congruencia en su gestión se le ocurriría marginarlo. Más aún cuando se puede combinar con otra lengua.

En un mundo globalizado, la diversidad idiomática es un arma intelectual imprescindible y las personas que disponen de ella por mera situación geográfica, unos privilegiados. Ada Colau, que gobierna para satisfacer a los okupas del Banco Expropiado y cercenar la posibilidad de crecimiento económico en Barcelona, ha hecho del Consistorio una exaltación de la burocracia. Tras poner en marcha esta iniciativa, los vecinos necesitan hacer una segunda gestión a través de Internet o por vía telefónica para recibir las notificaciones en castellano. Un desprecio a la principal lengua oficial del Estado que, además, salta por encima del reglamento lingüístico del propio Ayuntamiento, que obliga a utilizar ambos idiomas oficiales. Como ya hemos hecho en más de una ocasión desde OKDIARIO, le recordamos a Ada Colau que es una representante pública y que, por lo tanto, debe gobernar en pos del interés general de todos sus conciudadanos y no en base a filias y fobias personales. La primera edil tiene la obligación de emplear ambas lenguas en las mismas condiciones de igualdad y respeto.