El primer delincuente de la familia Sánchez Pérez-Castejón

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, es ya, a todos los efectos, un delincuente, en virtud del delito de prevaricación por el que ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz. El tribunal da por probado que su nombramiento en la Diputación socialista se hizo saltándose la ley, fabricándose un puesto a medida del músico y simulando después un concurso de méritos que no fue más que un paripé para dotar al proceso de selección de apariencia de legalidad. El ex presidente socialista de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, por una duración de 18 años, y una decena de cargos han quedado igualmente inhabilitados.

Que el PSOE haya reaccionado subrayando que la sentencia es consecuencia directa de una suerte de conspiración de la ultraderecha para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez revela hasta qué punto el partido del Gobierno ha decidido ir al choque frontal contra la Justicia, después de haber intentado por todos los medios ilícitos y, a través de la trama de las cloacas, impedir la investigación.

En suma, que más grave aún que la condena a David Sánchez, la reacción del Gobierno, en connivencia con algunos de sus socios, supone una amenaza en toda regla al Estado de Derecho. Porque si la respuesta a la condena del hermano del presidente ha sido esta, cabe imaginarse cómo será su reacción ante una eventual condena a la esposa de Pedro Sánchez.

Están a lo que están: van a muerte contra el sistema democrático basado en la separación de poderes y son capaces de cualquier cosa. Pero son incapaces de responder a una pregunta obvia: si tanta confianza tenían en la inocencia de David Sánchez, ¿por qué urdieron una trama para impedir las investigaciones de la UCO y por qué diseñaron un abyecto plan de demolición personal de la juez que investigó el caso? Ante eso, por supuesto, no tienen respuesta.