PP y C’s se hacen de izquierdas en Baleares

La independentista Francina Armengol ha de estar que no se lo cree. Ni en sus mejores sueños hubiera podido imaginar al Partido Popular y a Ciudadanos apoyando una Ley de Memoria Histórica que invade la propiedad privada y pretende aleccionar a los estudiantes en los centros educativos. Tanto populares como naranjas parecen haber caído presa del Síndrome de Estocolmo para apoyar una norma de este tipo que, como no podía ser de otro modo, ha sido impulsada por el propio PSOE —una de las federaciones más independentistas junto con la de Cataluña— Podemos y los nacionalistas radicales de Més y Gent per Formentera. Se equivocan gravemente tanto Biel Company, presidente del PP en Baleares, como Xavier Pericay, su homólogo en C’s. 

Primero, por bailarle el agua a formaciones que han mostrado con preocupante reiteración su rechazo a España; segundo, por posibilitar el cumplimiento de una norma que obliga a particulares a retirar de sus propiedades cualquier vestigio del franquismo como escudos, placas o esculturas. Algo que atenta contra el sagrado derecho a la propiedad privada. No hace falta ni decir —aunque no será la primera ni la última vez a tenor de la sociedad maniquea en la que vivimos— que tanto la Guerra Civil como la posterior dictadura de Francisco Franco fueron execrables. Ahí está el clarividente pensamiento del prestigioso hispanista Stanley G. Payne para resumirlo: «La Guerra Civil fue una lucha de malos contra malos». No obstante, 80 años después de su finalización, algunos pretenden seguir sacando rédito político de ella con unas propuestas que están más ancladas en el sectarismo y en el mero interés electoral que en la reflexión sosegada y el análisis riguroso que exige la historia de cualquier país. El PP de Company, además, ha tenido una actitud demasiado tibia al respecto del adoctrinamiento del catalán en las aulas llegando a coquetear incluso con los nacionalistas.

Hasta ahora, PP y Ciudadanos habían sido una garantía para el espíritu constitucionalista en toda España. Mención especial al trabajo realizado en Cataluña dentro de un contexto hostil, casi irrespirable. De ahí que sea más incomprensible que apoyen esta medida que amplía y fortalece las verdaderas intenciones de Francina Armengol y sus socios de gobierno: implantar una dictadura lingüística —y por tanto de pensamiento— asentada en el catalán y en los principios independentistas. Los dos grandes partidos de España, según todas las encuestas, no deben caer en este tipo de trampas, ya que además de ser incongruentes dañan sus siglas a nivel nacional. Dado el difícil contexto en el que nos encontramos, apoyar estas leyes es favorecer a todos aquéllos que tratan de reescribir el pasado para condicionar un futuro pacífico y próspero en España.