El peor delito que puede cometer un juez

Miguel Cardenal llegó como tecnócrata al cargo de presidente del Consejo Superior de Deportes, pero desde el primer día se disfrazó de justiciero. Su secreta aspiración siempre fue ser ministro, pero se quedó a medio camino, así que ha intentado medrar y hacer méritos a ojos de los que mandan en el PP reservándose para sí el papel del bueno de la película: el político que iba a hacer la limpia esperada en el deporte español.

En realidad, lo único que ha querido Miguel Cardenal ha sido aniquilar a sus enemigos y para ello decidió crear un brazo armado: el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Allí ha colocado a jueces de su confianza para retirar a golpe de inhabilitación a los presidentes de federaciones que le resultaban incómodos o que podían frenar su carrera hacia su ansiada cartera ministerial.

Pero Cardenal no ha podido elegir peor a sus jueces de confianza. Así lo demuestra la imputación del presidente del TAD, Enrique Arnaldo, por “prevaricación” y “falsedad documental”. En otras palabras, el hombre que Cardenal colocó a dedo al frente del más alto tribunal del deporte español amañó resoluciones para poder inhabilitar a los enemigos del presidente del CSD. Y no hay peor delito que pueda cometer un juez que dictar sentencias arbitrarias o injustas a sabiendas de que lo son.

Si un juez pierde la imparcialidad y cae en la prevaricación debe dimitir de su puesto o ser destituido fulminantemente por quien le ha colocado, porque ese tipo de conductas son absolutamente intolerables en quien es responsable de impartir justicia.

El deporte español no puede permitirse tener en su más alto tribunal a un juez imputado por prevaricación por muy amigo que sea del presidente del CSD. Si Enrique Arnaldo es declarado culpable de prevaricar, Miguel Cardenal habrá sido cómplice y responsable de mantener en el cargo a un magistrado que nunca debió ocupar la presidencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo.