“Palancas”, “desjudicializar” y otras mentiras

El nacionalismo catalán es maestro a la hora de enmascarar con un lenguaje falso sus manipulaciones. Son más hábiles incluso que Pedro Sánchez, que tiene varios masters en cómo engañar a la gente cambiando el significado de las cosas. Esta capacidad secesionista de retorcer las palabras llega a todos los ámbitos, y han conseguido que en la Cataluña oficial no exista ni la verdad, ni la claridad. Todo es mentira y postureo en el independentismo, para seguir engañando a su gente y así seguir controlando el chiringuito.

Así, el muy separatista Joan Laporta llama “activar palancas” a empeñar hasta las joyas de la abuela. Es muy legítimo endeudarse aún más con fichajes para intentar jugar a todo o nada: o conseguir títulos, aumentar ingresos e ir pagando deudas o, si no llegan los triunfos deportivos, acabar cediendo el club a un fondo de inversión o a un jeque para no caer en bancarrota. Así, lo de vender parte de los derechos televisivos durante décadas, y otros futuros ingresos de la entidad, se convierte en una “herramienta virtuosa” gracias al eufemismo “palanca”.

El término ha calado tanto que esta semana leí en el diario AS que el Valencia ha “activado” las “palancas de Racic, Vallejo y Cillessen”. Y es que la mancha del vocabulario secesionista tiende a extenderse por todo el país. Como la “desjudicialización” de la política catalana que con tanto ahínco defiende buena parte de la izquierda española, y que para el independentismo es sinónimo de “impunidad”. Cuando se habla de “desjudicializar” lo que pide el separatismo es que ningún juez meta las narices en sus corruptelas y en su malversación de dinero público para conseguir sus fines políticos.

La “desjudicialización” es el gran objetivo secesionista desde que Jordi Pujol sacó a la gente a la calle para que no le condenaran por el escándalo de Banca Catalana. Felipe González se arrugó, pero los nacionalistas catalanes decidieron que había que garantizarse la impunidad, sin depender de la voluntad política del inquilino de La Moncloa. Recuerden la pretensión, claramente inconstitucional y que fue tumbada por el Tribunal Constitucional, de colar en el Estatuto de autonomía un sistema judicial en Cataluña que se controlaba desde Barcelona. Y como Puigdemont pretendió, en la legislación que precedió a su intento de golpe de Estado, imponer un Tribunal Supremo catalán a las órdenes del presidente de la Generalitat.

Y no olvidemos la “mesa de diálogo” que es lo mismo que “mercadillo en el que se negocia el apoyo de ERC a Sánchez en el Congreso a cambio de concesiones”. Una versión puesta al día de lo que fue el pujolismo, pero mucho más desagradable, dado que el independentismo, que anda muy crecido, no se corta a la hora de lucir el ofensivo lazo amarillo – que define a España como un país totalitario en el que hay presos políticos, por sus ideas – o de no dar ruedas de prensa en edificios del Gobierno, para darlas en la ‘embajada’ que el proyecto de República catalana tiene en Madrid en el Centro Cultural Blanquerna.

Que parte de la izquierda del resto de España le compre al separatismo el término “exiliados” para referirse a los prófugos de la justicia, que han huido del país para no afrontar las consecuencias legales de sus (presuntas) conductas delictivas, como intentar dar golpes de Estado para destruir la democracia española, es casi lo peor de esta asunción por parte de nuestro presunto progresismo del vocabulario secesionista. Mientras les sigamos la corriente y utilizando su lenguaje, el independentismo seguirá avanzando, a costa de los derechos civiles de millones de catalanes. De momento, nuestros niños no pueden estudiar en español en las escuelas catalanas. Y van intentar que no puedan usar el castellano ni en el patio, ni en el comedor, ni en las actividades extraescolares. Queda mucho camino para acabar con los supremacismos nacionalistas que atacan a nuestro sistema democrático. Comencemos por no comprarles su vocabulario.