Mentira de Estado
El Partido Popular de Baleares enumeraba en su programa electoral de las pasadas elecciones autonómicas el «derecho de las familias a elegir la lengua de primera enseñanza». ¿A qué se comprometía exactamente? La pregunta es pertinente puesto que el derecho de las familias a elegir la lengua de primera enseñanza ya está plenamente reconocido en la Ley de Normalización Lingüística (1986), el Decreto de Mínimos (1997) y la Ley de Educación Balear (2022), norma esta última de inspiración progresista que el PP quiere mantener pese a haberla votado en contra hace dos años.
El derecho a elegir la lengua de primera enseñanza, por lo tanto, está plenamente reconocido en toda la normativa lingüística balear. Es más, desde hace 20 años sabemos cómo puede ejercerse este derecho. Una orden de 2004, siendo consejero de Educación Francesc Fiol, establece que las familias interesadas tendrán que hacer una solicitud por escrito en el centro de educación infantil donde se formalice la matrícula por primera vez. De forma un tanto ambigua, la disposición adicional primera de esta orden de 2004 establece que la Administración educativa podrá dictar las «instrucciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones previstas en esta Orden». Instrucciones que, para tener fuerza jurídica, deben ser al parecer publicadas en el BOIB, no basta con transmitirlas con un correo electrónico.
Si el derecho a elegir la lengua de primera enseñanza está reconocido desde 1986 y el procedimiento para hacerlo efectivo data de 2004, ¿a qué venía el compromiso electoral de Marga Prohens? ¿A qué se refería exactamente? ¿Cuál era el compromiso real del PP de 2023 con las familias de Baleares? Una de dos. O ninguno; o hacer efectivo y real un derecho que, aunque ya estuviera reconocido, prácticamente ninguna familia lo había ejercido desde hacía 20 años por falta de información de la Consejería de Educación y de los propios colegios. Por lo tanto, el único plus que podía aportar la promesa electoral de Marga Prohens a un derecho reconocido, que además se podía ejercer mediante un procedimiento reglado, era el de informar a las familias de la existencia de este derecho, facilitar su ejercicio mediante las dos casillas (catalán/castellano) en los impresos de matrícula (una forma de informar, también) e informarlas sobre cómo se implementaría este derecho. Nada más. Informar, eso era todo lo que tenían que hacer el Partido Popular de Marga Prohens.
Pues eso, exactamente, es lo que no ha hecho el consejero de Educación, Antoni Vera, informar. Informar de la existencia de este derecho, de cómo ejercerlo y de concretar cómo se materializaría en la práctica. Pese a las presiones recibidas por parte de Vox y de las asociaciones a favor del bilingüismo para que informara a las familias antes del periodo de matriculación, el consejero Vera ha hecho oídos sordos.
Vera no puso en marcha ninguna campaña mediática dirigida a las familias para informarlas. Tampoco obligó a los centros mediante una instrucción con fuerza jurídica de que en todos los impresos de matrícula de 4º de Infantil hubiera dos casillas (catalán/castellano). Tampoco cambió la confusa y contradictoria orden de 2004, que hubiera sido lo más eficaz. Su directora general de planificación se limitó, cuatro días antes de empezar el proceso de matriculación, a enviar un correo electrónico a los directores exhortándoles que en los impresos tenían que ponerse las dos casillas, pero, al carecer dichas «instrucciones» de fuerza jurídica, los directores han hecho lo que han querido, la mayoría con evidente mala fe porque a nadie se le escapa que conocían perfectamente cuál era la «voluntad» de la Consejería. En torno a un 40% de los centros educativos no habrían seguido las «instrucciones» de la directora general de planificación de Antoni Vera y habrían escamoteado las dos casillas en los impresos de matriculación, con lo cual las familias no habrían tenido posibilidad de elegir la lengua de primera enseñanza.
Y por supuesto, todavía estamos esperando conocer cómo se va a implementar este derecho para aquellas familias que han elegido la opción de español en aquellos colegios donde sí se ha podido elegir. La orden de 2004, como decía, es confusa y concede varias opciones. ¿Se van a dar seis o dieciséis horas en español? ¿Se va a aplicar la atención individualizada a los alumnos que han elegido en español, una medida que prohíben el Decreto de Mínimos y la doctrina de los altos tribunales? ¿Se van a aplicar grupos flexibles a partir de un determinado número de alumnos que han elegido español? Las familias ignoran cómo se va a materializar este derecho.
Entiendo que el compromiso electoral de Marga Prohens no era establecer un derecho que ya existía sino informar de su existencia, cómo facilitar su ejercicio y en cómo materializarlo en la práctica. No ha hecho casi nada más que enviar un correo sin fuerza jurídica alguna cuatro días antes de iniciarse el período de matriculación. Un derecho del que no se informa difícilmente puede ejercerse.
Marga Prohens miente en sede parlamentaria
El pasado 17 de septiembre Marga Prohens, a preguntas de la portavoz de VOX, Manuela Cañadas, negaba que el 40% de los centros hubieran omitido las dos casillas en los impresos de matriuclación. Los «datos oficiales», afirmaba Prohens, desmentían la denuncia de Cañadas. Lo cierto es que la Consejería de Educación ha admitido a Escuela de Todos (¡en dos resoluciones firmadas por el consejero!) que no tiene ningún registro de impresos de matrícula por lo que ahora mismo la Consejería no sabe cuántos centros pusieron las dos casillas durante la matriculación. Escola Catòlica, la principal patronal de colegios concertados, ha admitido que en la mayor parte de sus colegios no hicieron caso a las «sugerencias» de la Consejería (noticia de Diario de Mallorca del pasado 29 de junio). Y con mala conciencia por su desobediencia de no seguir las indicaciones de la Consejería que tan bien les está tratando en este primer año de legislatura, los responsables de Escola Catòlica se han inventado todo tipo de excusas: que les habían avisado «tarde», que no iban a «perseguir» a los padres por la calle para saber qué lengua querían, que el Govern no había hecho ninguna campaña informativa y, por último, en palabras de su propio asesor jurídico, que el correo electrónico que les enviaron de la Consejería no tenía fuerza jurídica y, por lo tanto, no tenían por qué seguir sus instrucciones.
Marga Prohens no está sola en su mentira. Si estuviera sola, sería su mentira, no sería una mentira de Estado. Lo es porque todos los partidos, todos los medios de comunicación, todos los directores de los colegios y todo el establishment educativo, salvo este digital y el partido Vox, están tratando de ocultar esta mentira y tapar el escándalo. Todos arropan la mentira de Prohens porque también es su mentira, aun sabiendo que podrían hacerla caer fácilmente. Y la arropan porque la marginalización del español es una razón de Estado en la que colabora también el Partido Popular de Baleares. Se trata de hacer creer a la opinión pública que no hay demanda de español y que si la hay es residual de modo que no hace falta siquiera ofertarla. Una profecía autocumplida. Y si tiene que ofrecerse porque no queda más remedio, dejemos la enseñanza en español al albur de planes piloto a elegir por los directores, no por las familias, o a seis horitas de nada mediante atenciones individualizadas a los alumnos de cuatro años que han elegido español.
El PP coincide con la izquierda y el nacionalismo, no tanto porque sean catalanistas (Prohens, Sagreras y Vera sin duda lo son) cuanto que tienen pavor a los lobbies catalanistas, el mismo pavor que tienen a todos los lobbies con capacidad de extorsión. Así se desvanece el mandato mayoritario en las urnas, sometiéndose a las extorsiones de los grupos organizados en detrimento de los ciudadanos atomizados sin nadie detrás que los arrope.