Lo grave no es lo que exige Puigdemont, sino lo que otorga Pedro Sánchez
Conviene no perderse en el contexto político actual y repartir las críticas y las culpas con criterios racionales. Junts, como es natural, ha presentado varias enmiendas a la ley de amnistía que lo que pretenden es blindar los futuros movimientos de Carles Puigdemont y demás procesados por el 1-O una vez la norma vea la luz. Busca evitar que los jueces puedan paralizar los efectos de la ley cuando sea presumiblemente recurrida por los tribunales y busca, también, librar los actos terroristas de Tsunami de la acción de la justicia. Todo lo que reclama Puigdemont se entiende desde la perspectiva de su situación personal y política y la de quienes le acompañaron en su aventura sediciosa. Es un huido de la justicia que ha encontrado en Pedro Sánchez la figura perfecta para conseguir sus objetivos, por lo que no puede ser comparable la crítica a las demandas políticas de Junts con la condena sin matices que merece el hecho de que Pedro Sánchez se haya plegado al chantaje del líder separatista. Puigdemont es un prófugo de la justicia y Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España, lo que marca profundas diferencias a la hora de exigir responsabilidades.
Ese esa es la auténtica tragedia nacional: que Sánchez se haya convertido en un títere en manos de Puigdemont, no que Puigdemont eleve de forma permanente el listón de sus exigencias. La legislatura está anclada sobre bases profundamente inmorales en términos de Estado. Porque si Puigdemont se ha convertido en el protagonista político de la legislatura con una sobresaliente capacidad de influir en las decisiones del presidente del Gobierno es porque Sánchez ha aceptado -he aquí la gran cuestión de fondo- que el líder de Junts le maneje como a una marioneta. Lo de menos son las enmiendas de Puigdemont a la ley de amnistía, lo de más (lo que resulta una ignominia) es la ley de amnistía.
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