Ley Trans, otra chapuza jurídica ante la que Sánchez se lava las manos

La primera sorpresa que se llevaron los funcionarios de los registros civiles encargados de tramitar los cambios de sexo que permite la Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, es que no había criterio alguno ni guía de actuación ante la avalancha de hombres que iniciaron el procedimiento para la modificación del sexo registral a mujer, y que, en su inmensa mayoría, pedían conservar su nombre de varón. Los primeros días de aplicación de la nueva normativa derivaron en un incremento llamativo de las personas interesadas en cambiar de sexo, pero sólo en su mención registral. La ley no pone ningún impedimento. Es más: la Ley Trans modifica la Ley del Registro Civil, que hasta ahora denegaba expresamente aquellos nombres que pudiesen hacer «confusa» la identificación, y la norma matiza que «a efectos de determinar si la identificación resulta confusa no se otorgará relevancia a la correspondencia del nombre con el sexo o la identidad sexual de la persona».

Parece obvio que detrás de las razones que llevan a algunos hombres a registrarse como mujeres conservando su nombre de varón está el hecho de que en determinadas oposiciones priman medidas de acción positiva para que se alcance un mayor porcentaje de mujeres. Esto es, que hay oposiciones que en sus procesos de selección reservan un porcentaje de plazas para las mujeres. En la Policía y Guardia Civil, por ejemplo, para asegurar la cobertura del porcentaje de plazas reservado a las mujeres, éstas tendrán preferencia sobre los candidatos varones siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al 15%. Ante la utilización que pudiera hacerse de la Ley Trans y, para evitar abusos de derecho, el Gobierno ha pedido ahora la implicación de los funcionarios, pero no dicta norma alguna ni fija mecanismos para evitarlo. O sea, reconocen que la ley tiene mil agujeros, pero se lava las manos. Sálvese quien pueda.