Opinión

La islamización de España

  • Xavier Rius
  • Director de Rius TV en YouTube. Trabajó antes en La Vanguardia y en El Mundo. Director de e-notícies durante 23 años.

El problema no es Jumilla, el problema es que refleja la islamización de España. Porque, como informaba este mismo periódico en su editorial del jueves, «no se han prohibido las celebraciones islamistas en Jumilla, no se ha vetado la Fiesta del Cordero y el Ramadán en la localidad murciana, ni tampoco se han proscrito las celebraciones islámicas en lugares públicos».

Lo único es que, «a partir de ahora, sólo se podrán llevar a cabo en las instalaciones deportivas municipales acontecimientos deportivos y culturales, cuando sean promovidos por el propio Ayuntamiento, que no es lo mismo».

No deja de ser curioso, sin embargo, que las dos localidades que han saltado últimamente a la fama por temas relacionados con la inmigración sean murcianas: Torre Pacheco y la citada Jumilla.

En efecto, la población extranjera en Murcia es del 15,4%. Seguramente atraídos por una agricultura intensiva y la proximidad geográfica con el Magreb. El sector agrícola exige mucha mano de obra. En Jumilla, por otra parte, roza el 20%. Mientras que en Torre Pacheco llega hasta el 30%, que es bastante.

Además, el porcentaje siempre es superior. Los datos oficiales quedan por debajo de la realidad. En primer lugar, porque los sin papeles no salen en las estadísticas. Y, en segundo lugar, porque los nacionalizados -tras diez años de residencia legal-, dejan de salir. Dudo de que, en muchos casos, una década sea garantía de integración.

En España, para qué vamos a engañarnos, hay muchas Jumillas. El alcaldable del PP por Lérida, Xavier Palau, se ha hecho eco de un vídeo grabado en el casco antiguo. Parece, dicho con todo el respeto, una ciudad subsahariana. Una sensación seguramente acrecentada porque parece un acto público y, con el calor, la mayor parte de residentes autóctonos deben estar de veraneo.

No es el primero, por otra parte. A tenor de lo que se ve en las redes, en Lérida no es difícil toparse con un nicab en establecimientos comerciales. Ni tampoco burkinis en las piscinas públicas. Sobre todo desde que aprobó su uso un gobierno autonómico, de Esquerra, que se definía como «feminista».

Durante la pandemia, ya circularon también fotos de concentraciones de musulmanes en lugares públicos, sin distancia y sin mascarillas, a pesar de la prohibición expresa por razones sanitarias. La entonces concejal del PP Marisa Xandri pidió explicaciones. Pero no me consta que la Generalitat sancionara a nadie. En El Vendrell (Tarragona) hubo un caso similar y el día que le pregunté al consejero de Interior, Miquel Buch, en rueda de prensa en Palau sobre el asunto escurrió el bulto.

Lérida tiene una población de 144.000 habitantes, de los que 30.000 son extranjeros, sobre todo subsaharianos y magrebíes, atraídos en buena parte por el secor de la fruta. Pero este 22%, como se pueden imaginar, no se distribuye de manera uniforme. Y, como decíamos, es inferior a las cifras reales.

Otros municipios catalanes -sospecho que es extrapolable al resto de España- han superado ya el 20% de extranjeros. Antes, la inmigración se concentraba en el área metropolitana de Barcelona. Como son el caso de Hospitalet (26%) o Santa Coloma (23%), por citar dos ejemplos. Pero ahora se ha extendido a todo el territorio, incluso al Pirineo. Tremp, en el Pallars Jussà, tiene casi un 19%. No está mal.

Por eso, me ha llamado la atención que la prensa progre haya salido en tromba con la noticia de Jumilla. El País, a la hora de escribir este artículo, titulaba: «El PP catalán ‘respeta y comparte’ la decisión de Jumilla de impedir las celebraciones musulmanas», bajo un epígrafe de «Islamofobia». A pesar de que tampoco es «impedir», es evitar manifestaciones religiosas en recintos públicos deportivos.

La Sexta decía el jueves, lo pillé al vuelo, que era una medida «contra la convivencia». Mientras que, en La Vanguardia, el mismo día dedicaban un semáforo rojo a la alcaldesa de Jumilla, Seve González, también por, a su juicio, impedir «celebrar las fiestas del Ramadán en las instalaciones del municipio». Pero, como ya he dicho en alguna otra ocasión, el conde de Godó vive en Sarrià, no en el Raval o en Torre Pacheco.